Geografia

Àngels Piñol, El Pais, 24/08/2011

Cuando las nevadas llegan a Ávila, los funcionarios de la prisión de Brieva, la cárcel en la que Luis Roldán dio con sus huesos, tiemblan. La nieve se acumula en la carretera de la Diputación de tres kilómetros que lleva al penal, y los trabajadores se encuentran con que no llegan a tiempo a las 8.00 para el cambio de turno. “Ni echan sal ni pasan la máquina. Y alguna vez ocurrirá algo. Este año, una compañera se salió en una curva, y hay veces que las presas, por la nieve, no han podido ir al hospital”, cuenta el funcionario Francisco José, que dice que los sindicatos este año ya se han quejado por escrito. La cosa tiene su miga porque las otras vías sí se limpian: la Junta de Castilla y León, el ministerio y el Ayuntamiento quitan la nieve de sus carreteras. La diputación alega que tiene otras prioridades, como despejar accesos de escuelas y hospitales, antes que la de la cárcel. Sus máquinas llegan, pero tarde.

“Cada invierno pasa lo mismo”, denuncia el diputado provincial por Ávila, Tomás Blanco Rubio, del PSOE, que revela la anécdota para ilustrar la falta de racionalidad de las Administraciones en su provincia, con 168.000 habitantes y 258 municipios, el 85% con menos de 300 habitantes. Blanco coincide en que hay que reinventar las Diputaciones, en el ojo del huracán desde que el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, propuso reconvertirlas para evitar duplicidades. “Tal y como funcionan, sobran”, proclamó. El lunes sugirió transformarlas en consejos de alcaldes y que sus competencias (desde servicios sociales, cultura o agricultura) sean transferidas a las comunidades autónomas.

El socialista ha recibido todas las críticas —airadas desde el Partido Popular (PP)— por plantear la desaparición ahora que se ha producido el sorpasso en el gobierno de esas instituciones entre los dos grandes partidos. Pero, en realidad, fue y ha sido el expresidente Felipe González quien, de forma cíclica, ha defendido con vehemencia la supresión. “¡Que las eliminen ya! Lo dije hace un año y no me hicieron ni caso. No podemos sostener cuatro niveles administrativos. Con tres (Estado, autonomías y Ayuntamientos) son suficientes”, dijo en junio.

El objetivo es ahorrar para destinar esos recursos al Estado del Bienestar. “Antes eso que quitar un médico o un maestro”, abunda Rubalcaba. España tiene 38 Diputaciones de régimen común (no existen en las autonomías uniprovinciales) que manejan 6.000 millones de euros, cuentan con mil diputados y dan empleo a unos 30.000 funcionarios. Rubalcaba planteó la ecuación: mil políticos menos, mil millones menos.

Las Diputaciones han sobrevivido en dos siglos a todos los regímenes políticos. Nacieron en 1812 con La Pepa, la primera Constitución, y se consagraron con la división provincial de 1833. Se inspiraron en los departamentos franceses diseñados por Napoleón. Las Diputaciones son a las provincias lo que los Ayuntamientos a los municipios, y sus funciones son un cajón de sastre: asumen tareas tan diversas como la gestión de carreteras o asistencia social y dan servicios generales a los municipios. Y estos no son pocos: 8.000 en España, de los que 4.000, como recalca Tomás Blanco, están en Castilla y León. Blanco sostiene que la Diputación de Ávila asume tareas de la Junta. “Hace dejación de funciones. La diputación gestiona la recogida de basuras o la residencia de ancianos Infantas Elena y Cristina cuando no le tocaría. Somos una administración intermedia sin competencias. Si somos meros intermediarios es mejor no estar”.

Pero, ¿cómo? ¿Es tan sencillo olvidar el mapa provincial fijado en España desde hace casi 200 años? No lo parece, porque, de entrada, requeriría modificar la Constitución. La sentencia del Tribunal Constitucional dio garantía a las provincias en su sentencia del Estatuto catalán. Rubalcaba, que con suspense está dando su plan a cuentagotas, ya ha sugerido que las Diputaciones sean reemplazadas por consejos de alcaldes que evitarían retocar la Carta Magna. El debate jurídico queda soslayado.

La mayoría de expertos y políticos, de todos los colores, coinciden en que los Ayuntamientos pequeños precisarán siempre de una institución que mancomune servicios. “Es que en España tenemos un problema de minifundismo municipal”, señala Celestino Corbacho, exministro de Trabajo, que presidió la poderosa Diputación de Barcelona entre 2004 y 2008. Los datos lo avalan: El 80% de los 8.112 municipios de España tiene menos de 5.000 habitantes. Alfredo Galán, catedrático de Derecho Administrativo de la universidad de Barcelona, muestra su sorpresa por la “simplificación” del discurso, ya que queda la duda de si se quieren eliminar las provincias o modificar sus límites actuales. Superado el interrogante, Galán avisa de que cuando se habla de superposición de administraciones no se atiende a que las Diputaciones ejercen dos tipos de funciones: la prestación de servicios propios y las de mayor relevancia, la de cooperación municipal. “Si no lo hace la provincia, alguien deberá asumirlo”, dice. Y apunta que es “uniformar demasiado” decir que las Diputaciones no funcionan. “Cada provincia depende de su mapa municipal. Son muy distintas en Andalucía, Cataluña o Castilla-La Mancha. Es diferente un mapa muy atomizado o que no lo esté”.

Amparado en la visión transversal que le da haber sido ministro, presidente de diputación, alcalde y ahora diputado autonómico, Corbacho tiene clara la receta: vaciar las Diputaciones de contenido político y reconvertirlas en órganos técnicos para servir a los Ayuntamientos. Y va más allá: sugiere recortar el número de funcionarios. “Si nos limitamos a suprimir diputados, será una reforma débil. Se podría promover una reducción de jornada o que a plaza jubilada, plaza amortizada”, propone.

Madrid no tiene el problema porque al tratarse de una comunidad uniprovincial carece de diputación. Pero, curiosamente, su alcalde, Alberto Ruiz Gallardón (PP), ofrece un diagnóstico casi calcado al de Corbacho. No es la única voz discordante en su partido. El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, define las Diputaciones desde hace tiempo de “obsoletas”. De hecho, el PP ya aprobó el 18 de julio en Pontevedra un documento titulado Manifiesto por unos gobiernos provinciales e insulares de futuro donde plantea modernizar estas instituciones con una reforma económica y dotarlas de mayor transparencia para que cooperen mejor con los municipios.

Pese a ello, la propuesta de Rubalcaba fue recibida con rayos y truenos en Génova. “¿Qué hacemos con los 15 millones de personas que dependen de las Diputaciones?”, planteó Ana Mato. “Más que una idea electoralista, es una frivolidad, porque mientras ha gobernado no ha dicho nada”, deplora ahora Alberto Fernández Díaz (PP), vicepresidente de la Diputación de Barcelona. No cae en saco roto en el PP que desde mayo el PSOE solo gobierna en siete corporaciones y los populares en 27.

Quien en cualquier caso ha aplaudido abiertamente el debate es Izquierda Unida, partidaria desde siempre de la desaparición de las Diputaciones para ser sustituidas por organismos comarcales de elección directa (España es, junto a Albania, uno de los pocos países europeos donde no se vota a los diputados provinciales) o en otros de carácter técnico. “Las Diputaciones son como la Corona: inútiles y antidemocráticas”, afirma Gorka Eskorza, portavoz de IU en Salamanca, que acusa a las corporaciones de “caciquismo” añadiendo que suelen “castigar” a los pueblos con alcaldes de diferente color político. Y cuenta que en Salamanca hay 18 pueblos en verano que no tienen agua corriente y se abastecen con camiones-cisterna. “Agua, no; pero la diputación si tiene escuela de tauromaquia”, dice escandalizado.

En Andalucía, mientras, se asiste al debate con la convicción de que las Diputaciones han hecho un trabajo útil. “¿Sería lógico crear en Sevilla 105 empresas de agua, 105 oficinas de recaudación o 105 parques de bomberos?”, se pregunta el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla. A favor del trabajo hecho tira el también socialista José Ramón Gómez Besteiro, presidente de la de Lugo, quien subraya que estas instituciones representan el 8,3% del gasto local, un 13,5% del total de la Administración.

El catedrático Alfredo Galán pone el dedo en la llaga. “Me da la impresión”, reflexiona, “que las Diputaciones son el eslabón más débil de la cadena, el chivo expiatorio o la cabeza de turco. Es encomiable que se quiera adelgazar la administración pero ¿vamos a dejar intactas otras instancias del Estado, comunidades o Ayuntamientos con la galaxia de entidades instrumentales que tienen?” Corbacho, lejos de rehuir el debate, ahonda en la idea: “Yo le pediría a Rubalcaba que piense también si Administración del Estado debe adelgazar. Y pondré un ejemplo de mi antiguo ministerio. ¿No es absurdo que gestione ayudas del PIRMI (Renta mínima de inserción) cuando está transferido a las autonomías?”.