Caixabank ha anunciado hoy al comité de empresa un plan de reestructuración por el que la entidad prescindirá de unos 3.000 empleados. En un comunicado, la entidad ha justificado la decisión de ajustar la plantilla en la necesidad de “adaptarse al entorno actual y mejorar la eficiencia de sus recursos” tras la integración de Banca Cívica y la adquisición de Banco de Valencia. El banco contaba a finales de 2012 con 32.625 trabajadores, por lo que el ajuste ronda el 9%. Según fuentes sindicales, una parte significativa de esos despidos, alrededor de 2.000, podrían realizarse a través de prejubilaciones de empleados que actualmente tienen entre 55 y 58 años. La negociación, según la entidad, podría alargarse hasta el mes de abril.

El convenio colectivo que Caixabank pactó el año pasado con el comité de empresa, cuyo sindicato mayoritario es CC OO, contempla que cualquier medida de reducción de plantilla debe ser negociada con los trabajadores de la entidad. Aun así, el presidente del banco, Isidro Fainé, ya aseguró en la última presentación de resultados —hace tres semanas— que cualquier ajuste sería preferentemente acordado con la parte social y se realizaría mediante medidas no traumáticas, es decir, prejubilaciones y bajas incentivadas. Entonces se barajaban que se realizarían no menos de 3.000 despidos y un tope de 4.000. La entidad, finalmente, ha optado por minimizar las salidas.

Durante el periodo de negociación, que podría durar hasta dos meses, la entidad se propone “analizar todas las fórmulas posibles y acordar las mejores medidas para ajustar su plantilla a las necesidades del negocio”. Tras la convocatoria de la reunión, CC OO recordó la semana pasada que Caixabank no ha sido intervenida, por lo que el sindicato exigirá a la dirección que cualquier medida que se plantee obedezca a “unas necesidades concretas y justificadas” y a un plan de futuro. El sindicato, además, exigirá que cualquier medida que se ponga encima de la mesa tenga “carácter voluntario”.

Tras el anuncio de hoy, los representantes de los trabajadores han rechazado “por excesiva” la cifra de plantilla afectada y han reiterado que la situación económica de CaixaBank no es la de las entidades intervenidas: “ha superado con solvencia todas las valoraciones”. En un comunicado, CC OO indica que la plantilla “está realizando un esfuerzo importante de contención salarial” desde el convenio de 2011, que se suma a “graves tensiones en los centros de trabajo además de prolongaciones de jornada”. El secretario general de la sección sindical de CC OO, Joan Sierra, subraya que los empleados “no aceptarán salidas forzosas” y que de no ser así, la situación se encaminaría a “un serio conflicto”.

Noticia extreta del diaria ”EL PAIS” : http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/25/catalunya/1361790571_628282.html

Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) celebrarán un Consejo el lunes y el martes en Bruselas en el que debatirán el sistema de pagos directos a agricultores en la renovada Política Agrícola Común, y tratarán de cerrar flecos sobre la nueva Política Pesquera comunitaria.
El lunes, los titulares de Agricultura intentarán acercar posiciones, a lo largo de un debate orientativo, sobre el esquema de pagos básicos, que constituirá el grueso de las ayudas directas a los agricultores en el marco de la futura Política Agraria Común (PAC), que las instituciones de la UE y los países están acabando de negociar.
España se encuentra en un grupo de países que solicita más flexibilidad sobre la propuesta de la Comisión Europea de que esos pagos se hagan mediante una “tasa plana” por hectárea a nivel nacional y regional, en tanto que hasta ahora se tenían en cuenta referencias históricas, indicaron fuentes diplomáticas.
Las autoridades españolas consideran radical esa propuesta de tasa plana ya que, a su juicio, no tiene en cuenta la “diversidad” del campo español.
Así, el ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defenderá ante sus socios comunitarios que los agricultores que percibían más ayudas mantengan en la medida de lo posible ese nivel y no se vean perjudicados al recibir una tasa plana, igual para todos, apuntaron las fuentes.
Otro punto por decidir será cómo determinar las hectáreas elegibles para efectuar los pagos, de manera que haya normas claras a la hora de establecer qué terreno se dedica al cultivo y se impida hacer acopio de tierras y que haya una “distorsión” de las ayudas.
En el caso de España, que tiene una superficie extensa y un clima principalmente seco, la definición de “superficie agraria” es difícil al haber muchas zonas intermedias, explicaron las fuentes.
Una vez cerrado el presupuesto global de la UE para el periodo 2014-2020, falta por ver cómo se reparten los fondos dedicados al capítulo agrícola.
En esos siete años, los pagos directos a España, en términos corrientes, ascenderían a más de 35.700 millones de euros, recordaron las fuentes.
La nueva PAC debe entrar en vigor en enero de 2014, pero dada la tardanza a la hora de cerrar el presupuesto comunitario plurianual, es posible que la aplicación de las nuevas normas agrícolas se retrase un año.
“Lo importante es que las ayudas van a llegar a los agricultores puntualmente”, sea con las nuevas reglas o las antiguas, especificaron las fuentes, que aseguraron que “están preparados los dos escenarios y el dinero está disponible”.

Noticia extreta del diari ”EL PAIS” : http://economia.elpais.com/economia/2013/02/24/agencias/1361717562_897738.html