Sonia Ruiz

España es uno de los principales países comunitarios en el consumo de pescado, con un volumen medio de más de cuarenta kilos por persona y año. La falta de recursos suficientes para atender esa demanda hizo que tradicionalmente España dispusiera de una flota esparcida por los mares de todo el mundo para lograr las capturas suficientes y atender el consumo del mercado interior. En función de esta necesidad, España fue un país pionero en el desarrollo de acuerdos bilaterales con países con caladeros ricos especialmente en África y América, así como en la constitución de empresas mixtas para poder pescar.

Tras el ingreso en la Unión Europea, los acuerdos, actualmente una veintena, pasaron a estar gestionados por las autoridades comunitarias, desde donde se ha mantenido la misma política, aunque cada día con más dificultades por tres razones. La primera, por las mayores demandas económicas de todos los países a la hora de ceder la explotación de sus aguas, tanto para las arcas comunitarias como en los cánones a pagar por los armadores. La segunda, por el aumento de las exigencias en materia de artes o vedas, alegando el agotamiento de los caladeros, unos recursos que en muchos casos, como sucede con Marruecos, esos mismos países adjudican a otras flotas fuera de la UE con acuerdos bilaterales. Hay una tercera razón: los Gobiernos han decidido explotar directamente sus recursos propios y proceder a la exportación de los productos a países como España.

Este contexto se ha traducido en los últimos tiempos en suspensión de acuerdos de pesca y muchas dificultades para suscribir otros nuevos, lo que ha obligado a la constitución de sociedades mixtas para acceder a esas aguas.
La actividad de la flota española tampoco ha tenido una vida fácil en las aguas comunitarias, donde en cada campaña se distribuyen las cuotas de capturas. Cabe señalar un dato que lo pone en evidencia: en el momento del ingreso de España en la Unión Europea operaba en esas aguas la llamada flota de los 300. Año tras año, por el recorte de las posibilidades de capturas, esa flota se ha ido reduciendo hasta el centenar.

Con el ingreso en la UE, en materia de pesca, España sufrió la presión de los intereses de otros países miembros con la aplicación de la llamada estabilidad relativa. En otras palabras, la asignación de cuotas en función de las capturas existentes antes de la integración. España ha intentado reiteradamente, sin éxito, modificar esa distribución. Sin embargo, esa política supuso una reducción de su flota de un 40%, mientras que otros países mantuvieron e incluso aumentaron las mismas para vender sus capturas en España. Esta situación ha obligado a que algunos armadores españoles hayan adquirido barcos en otros países comunitarios para desarrollar su actividad.

En lo que afecta a los acuerdos con terceros países, el panorama no es el mejor.Hace poco más de un año, el 14 de diciembre de 2011, los barcos que faenaban en aguas de los caladeros de Marruecos y de Sáhara se vieron obligados a volver a puerto ante la decisión del Parlamento Europeo de rechazar la prórroga de un año que había acordado la Comisión el mes de febrero anterior. El Parlamento alegó que Marruecos no cumplía los derechos humanos. Era el mismo Parlamento que meses antes había dado luz verde al acuerdo agrícola con el mismo país, pero con una diferencia: el acuerdo pesquero perjudica a España y el agrícola beneficia a consumidores del centro y norte de la UE y perjudica también a España.

Sobre el papel, el último acuerdo con Marruecos permitía faenar a un centenar de barcos españoles. Pero las mayores exigencias en materia de vedas y artes de pesca y la disminución de los recursos dieron lugar a que en ese acuerdo solo estuvieran pescando unos 70 barcos, que regresaron a puerto. Las buenas relaciones del ministro Miguel Arias Cañete con Rabat no han acelerado la firma de un nuevo acuerdo por las nuevas exigencias de Marruecos ante la UE. En condiciones normales, una parte de los barcos que operaban en el caladero marroquí tenían la posibilidad de acceder a las aguas del caladero mauritano. Hoy esta posibilidad no existe. Bruselas suscribió en agosto un nuevo acuerdo con ese país por un periodo de dos años con un coste anual de 70 millones de euros para las arcas comunitarias, a los que se sumarían otros 30 millones de euros a pagar por los armadores. En virtud de ese acuerdo, faenaban en esas aguas 24 barcos cefalopoderos y otros 23 barcos marisqueros. Hoy, tras la firma de ese acuerdo, ambas flotas han renunciado a operar en esas aguas por considerar que las condiciones impuestas por Mauritania hacen que la actividad no sea rentable. De los dos años que dura el acuerdo, los barcos cefalopoderos no podrán faenar durante un año. Por su parte, a los barcos marisqueros se les obliga a faenar a ocho millas de la costa frente a los seis del acuerdo anterior, lo que rebaja las posibilidades de capturas. Mauritania alega problemas en los recursos, mientras España considera que no hay datos científicos que los confirmen. España ha intentado en Bruselas el rechazo de un acuerdo inútil y caro impulsado por la comisaria María Damanaki.
En el continente africano, entre otros países, no se utiliza el acuerdo con Guinea-Bissau por razones de seguridad; están muertos los de Senegal, Angola o Guinea Conakri; no hay acuerdo con Gabón por la denuncia sobre el incumplimiento de los derechos humanos; funcionan otros como los de Madagascar, Cabo Verde, São Tomé, Mozambique, Seychelles, Costa de Marfil o Kiribati. Pasaron a la historia los acuerdos con países sudamericanos y constituyen una salida para la flota congeladora las posibilidades que se mantienen en caladeros de aguas internacionales. Armadores y tripulaciones reciben ayudas por parada temporal.
España tiene una demanda de pescado de 1,5 millones de toneladas. Importa una media de 1,6 millones y exporta casi un millón, sobre todo de pescado congelado. Destacan las compras a terceros países como Argentina, Marruecos, Namibia, China y Vietnam de donde se han multiplicado las ventas de panga. En la UE se ha registrado un fuerte aumento de compras a otros países. Las capturas propias se elevan a unas 700.000 toneladas, aunque solo menos de 300.000 corresponden a los caladeros nacionales. En conjunto, dos terceras partes de las capturas proceden de los caladeros exteriores.

Article de Vidal Maté publicat a EL País, 23/12/2012