Fue uno de los episodios más crueles de la represión franquista. El 5 de agosto de 1939, trece mujeres, la mitad menores, fueron ejecutadas ante las tapias del cementerio del Este. Su historia sigue viva hoy en forma de libros, teatro, documentales y cine.
[Lola Huete Machado]
El día 1 de abril de 1939, con la entrada en Madrid de las tropas del general Franco, se termina la guerra civil. Franco dice que sólo serán castigados quienes hayan cometido delitos de sangre. Carmen, de 16 años, nunca poseyó ninguna arma; ni Virtudes, que ayudaba a sus abuelos en el Socorro Rojo; o Julia, que hacía deporte en las instalaciones de las Juventudes Socialistas Unificadas; o Blanca Brisac, católica, que protegió a un músico comunista. Las detuvieron al cabo de un mes de haberse acabado la guerra porque pretendían seguir ejerciendo los derechos de reunión y expresión, justo durante los días en que se produjo un atentado contra un comandante de la Guardia Civil. Éstas y otras mujeres, sin tener nada que ver con ello, serán detenidas y condenadas a muerte.
“Madre, madrecita, me voy a reunir con mi hermana y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona honrada. Adiós, madre querida, adiós para siempre. Tu hija que ya jamás te podrá besar ni abrazar. Que no me lloréis. Que mi nombre no se borre de la historia”. Fueron éstas las últimas palabras que dirigiría a su familia una muchacha de 19 años llamada Julia Conesa.
Corría la noche del 4 de agosto de 1939. Hacía cuatro meses que había terminado la Guerra Civil. Madrid, destruida y vencida tras tres años de acoso, de bombardeos y resistencia ante el ejército sublevado, intentaba adaptarse al nuevo orden impuesto por el general Franco, un régimen que iba a durar cuatro décadas.
En el ambiente de ese verano de posguerra -tristísimo para unos y glorioso para otros-, se mezclaban las ruinas de los edificios y la pobreza de sus pobladores con las dolorosas secuelas físicas y psicológicas de la contienda. Y, sobre todo, abundaban ya la propaganda y la represión. El día a día de la capital estaba marcado por las denuncias constantes de vecinos, amigos y familiares; por la delación, los procesos de depuración en la Administración, en la Universidad y en las empresas; por las redadas, los espías infiltrados en todas partes, las detenciones y las ejecuciones sumarias.
En junio habían comenzado, incluso, los fusilamientos de mujeres. “Españoles, alerta. España sigue en pie de guerra contra todo enemigo del interior o del exterior, perpetuamente fiel a sus caídos. España, con el favor de Dios, sigue en marcha, una, grande, libre, hacia su irrenunciable destino”, voceaban las radios de Madrid. “Juro aplastar y hundir al que se interponga en nuestro camino“, advertía Franco en sus discursos.
Sería aquélla la última carta de Julia Conesa. Y ella lo sabía. Porque, junto a otras catorce presas de la madrileña cárcel de Ventas, había sido juzgada el día anterior en el tribunal de las Salesas. “Reunido el Consejo de Guerra Permanente número 9 para ver y fallar la causa número 30.426 que por el procedimiento sumarísimo de urgencia se ha seguido contra los procesados .responsables de un delito de adhesión a la rebelión . Fallamos que debemos condenar y condenamos a cada uno de los acusados a la pena de muerte”, dice la sentencia. A Julia la acusaban hasta de haber sido “cobradora de tranvías durante la dominación marxista”.
Y apenas 24 horas más tarde, 13 de aquellas mujeres y 43 hombres fueron ejecutados ante las tapias del cementerio del Este. El momento lo recuerdan así algunas compañeras de presidio: “Yo estaba asomada a la ventana de la celda y las vi salir. Pasaban repartidores de leche con sus carros y la Guardía Civil los apartaba. Las presas iban de dos en dos y tres guardias escoltaban a cada pareja, parecían tranquilas” (María del Pilar Parra). “Algunas permanecimos arrodilladas desde que se las llevaron, durante un tiempo que me parecieron horas, sin que nadie dijera nada. Hasta que María Teresa Igual, la funcionaria que las acompañó, se presentó para decirnos que habían muerto muy serenas y que una de ellas, Anita, no había fallecido con la primera descarga y gritó a sus verdugos: ‘¿es que a mí no me matan?” (Mari Carmen Cuesta). “Si fue terrible perderlas, verlas salir, tener que soportarlo con aquella impotencia, más lo fue ver la sangre fría de Teresa Igual relatando cómo habían caído. Entre las cosas que nos dijo, fue que las chicas iban muy ilusionadas porque pensaban que iban a verse con los hombres [con sus novios y maridos, también condenados] antes de ser ejecutadas, pero se encontraron que ya habían sido fusilados” (Carmen Machado).
Quince de los ajusticiados ese 5 de agosto de 1939 eran menores de edad, entonces establecida en los 21 años. Por su juventud, a estas mujeres se las comenzó a llamar “las trece rosas”, y su historia se convirtió pronto en una de las más conmovedoras de aquel tiempo de odio fratricida y fascismo. Un episodio sobre el que nunca se habrá escrito mucho.
Carmen Barrero Aguado (20 años, modista). Trabajaba desde los 12 años, tras la muerte de su padre, para ayudar a mantener a su familia, que contaba con 8 hermanos más, 4 menores que ella. Militante del PCE, tras la guerra, fue la responsable femenina del partido en Madrid. Fue detenida el 16 de mayo de 1939.
Martina Barroso García (24 años, modista). Al acabar la guerra empezó a participar en la organización de las JSU de Chamartín. Iba al abandonado frente de la Ciudad Universitaria a buscar armas y municiones (lo que estaba prohibido). Se conservan algunas de las cartas originales que escribió a su novio y a su familia desde la prisión.
Blanca Brisac Vázquez (29 años, pianista). La mayor de las trece. Tenía un hijo. No tenía ninguna militancia política. Era católica y votante de derechas. Fue detenida por relacionarse con un músico perteneciente al Partido Comunista. Escribió una carta a su hijo la madrugada del 5 de agosto de 1939, que le fue entregada por su familia (todos de derechas) 16 años después. La carta aún se conserva.
Pilar Bueno Ibáñez (27 años, modista). Al iniciarse la guerra se afilió al PCE y trabajó como voluntaria en las casas-cuna (donde se recogía a huérfanos y a hijos de milicianos que iban al frente). Fue nombrada secretaria de organización del radio Norte. Al acabar la guerra se encargó de la reorganización del PCE en ocho sectores de Madrid. Fue detenida el 16 de mayo de 1939.
Julia Conesa Conesa (19 años, modista). Nacida en Oviedo. Vivía en Madrid con su madre y sus dos hermanas. Se afilió a las JSU por las instalaciones deportivas que presentaban a finales de 1937 donde se ocupó de la monitorización de estas. Pronto se empleó como cobradora de tranvías, ya que su familia necesitaba dinero, y dejó el contacto con las JSU. Fue detenida en mayo de 1939 siendo denunciada por un compañero de su “novio”. La detuvieron cosiendo en su casa.
Adelina García Casillas (19 años, activista). Militante de las JSU. Hija de un guardia civil. Le mandaron una carta a su casa afirmando que sólo querían hacerle un interrogatorio ordinario. Se presentó de manera voluntaria, pero no regresó a su casa. Ingresó en prisión el 18 de mayo de 1939.
Elena Gil Olaya (20 años, activista). Ingresó en las JSU en 1937. Al acabar la guerra comenzó a trabajar en el grupo de Chamartín.
Virtudes González García (18 años, modista). Amiga de María del Carmen Cuesta (15 años, perteneciente a las JSU y superviviente de la prisión de Ventas). En 1936 se afilió a las JSU, donde conoció a Vicente Ollero, que terminó siendo su novio. Fue detenida el 16 de mayo de 1939 denunciada por un compañero suyo bajo tortura.
Ana López Gallego (21 años, modista). Militante de las JSU. Fue secretaria del radio de Chamartín durante la Guerra. Su novio, que también era comunista, le propuso irse a Francia, pero ella decidió quedarse con sus tres hermanos menores en Madrid. Fue detenida el 16 de mayo, pero no fue llevada a la cárcel de Ventas hasta el 6 de junio. Se cuenta que no murió en la primera descarga y que preguntó “¿Es que a mí no me matan?”.
Joaquina López Laffite (23 años, secretaria). En septiembre de 1936 se afilió a las JSU. Se le encomendó la secretaría femenina del Comité Provincial clandestino. Fue denunciada por Severino Rodríguez (número dos en las JSU). La detuvieron el 18 de abril de 1939 en su casa, junto a sus hermanos. La llevaron a un chalet. La acusaron de ser comunista, pero ignoraban el cargo que ostentaba. Joaquina reconoció su militancia durante la guerra, pero no la actual. No fue conducida a Ventas hasta el 3 de junio, a pesar de ser de las primeras detenidas.
Dionisia Manzanero Salas (20 años, modista). Se afilió al Partido Comunista en abril de 1938 después de que un obús matara a su hermana y a unos chicos que jugaban en un descampado. Al acabar la guerra fue el enlace entre los dirigentes comunistas en Madrid. Fue detenida el 16 de mayo de 1939.
Victoria Muñoz García (18 años, activista). Se afilió con 15 años a las JSU. Pertenecía al grupo de Chamartín. Era la hermana de Gregorio Muñoz, responsable militar del grupo del sector de Chamartin de la Rosa. Llegó a Ventas el 6 de junio de 1939.
Luisa Rodríguez de la Fuente (18 años, sastre). Entró en las JSU en 1937 sin ocupar ningún cargo. Le propusieron crear un grupo, pero no había convencido aun a nadie más que a su primo cuando la detuvieron. Reconoció su militancia durante la guerra, pero no la actual. En abril la trasladaron a Ventas, siendo la primera de las Trece Rosas en entrar en la prisión.
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Las Trece Rosas eran “terroristas” que querían implantar en España un “régimen tan demócrata como el de Stalin en la URSS”, son los argumentos de un exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla), Alejandro Romero. El edil –ahora en el grupo de no adscritos– usó esta argumentación para oponerse a que el pueblo tenga una calle dedicada a estas mujeres ejecutadas por el franquismo.
Las Trece Rosas es el nombre colectivo con el que se conoce a otras tantas jóvenes, con edades entre los 18 y 29 años, que fueron fusiladas en la madrugada del 5 de agosto de 1939 ante las tapias del cementerio de La Almudena de Madrid. La mitad de ellas militaba en la organización Juventudes Socialistas Unificadas (JSU).
Fueron condenadas por un Consejo de Guerra acusadas de un delito de “adhesión a la rebelión” por defender la legalidad de la Segunda República Española. Antes fueron torturadas con el objetivo de sacar información sobre otros militantes y encarceladas en el centro penitenciario de mujeres de Ventas, en Madrid.
Como reseñó el edil Alejandro Romero en el pleno de Palomares, un atentado de algunos miembros de la JSU contra el Guardia Civil Isaac Gabaldón, que fue asesinado, acabó por acelerar las ejecuciones de las Trece Rosas.
