A veces, el estado puede verse obligado a utilizar la violencia en situaciones extremas, pero en muchos casos, las situaciones no son tan extremas. El dilema está en buscar la frontera entre cuándo puede aplicarse violencia y cuándo hay otras soluciones.
Para entender la violencia estatal, hay que definir el concepto de estado, y conocer los elementos que controla. Un estado es una forma, reconocida internacionalmente, en que se manifiesta el poder político de forma independiente, ejerciendo soberanía sobre las personas de un determinado territorio. El estado integra un conjunto de instituciones y organizaciones especializadas: el gobierno, la administración pública, los parlamentos, los tribunales, la policía y el ejército.
Hemos oído muchas veces noticias sobre detenciones forzadas o abusos violentos por parte de los cuerpos de seguridad, y la opinión general coincide en que el Estado no debe intervenir con violencia en tales situaciones. El Estado nunca debería tener derecho a utilizar la violencia inapropiadamente o exageradamente si hay otros métodos de solución, que, en la mayoría de estos casos, las hay.
Por ejemplo, cuando un cuerpo de policía se ve obligado a detener un ladrón, y éste no se deja detener, no hay que aplicar métodos violentos para pararlo. Ahora bien, si este ladrón lleva un arma y dispara a un miembro del cuerpo, los otros miembros deben detenerlo por la fuerza, y si es preciso, aplicar la violencia de la manera menos exagerada posible. En este caso, un policía tendría derecho a tirar al suelo de manera violenta al ladrón. Si esto no resulta efectivo, se intentará un grado mayor de fuerza, hasta inmovilizar al agresor.
A gran escala, por ejemplo, cuando los ciudadanos de un Estado son atacados por el ejército de otro, entonces existe el derecho a utilizar la violencia para defenderse. El concepto es exactamente el mismo a nivel individual: cuando alguien nos ataca, nos quiere matar, o quiere dañar a alguien de nuestro entorno, nos podemos defender violentamente si el diálogo u otros métodos no funcionan.
Por lo tanto, lo que consideramos un abuso de la violencia por parte del Estado es cuando hay otras maneras pacíficas de solucionar los conflictos, pero es aplicada la violencia. Opuesto a mi argumento, la violencia puede actuar como el remedio más rápido y eficaz, pero va en contra la moral de las personas y los derechos humanos utilizar la violencia cuando se puede evitar su uso.
En conclusión, en algunos casos de defensa, el uso de la violencia por parte del estado puede ser necesario, pero siempre de la manera más sutil posible. En ninguna otra circunstancia debe ser empleada.
NCW.
Bien armado el artículo. ¡Enhorabuena!
Le daría tal vez a la última parte de la “sutilidad” otro nombre para no dejar la puerta abierta a cierta impunidad del estado o darle la excusa para ello.
Se suele hablar del “estado” no sólo a secas si no también del “estado de derecho”. Este último refiere a los estados en los que existen unas normas pactadas en las que no se encuentra precisamente el uso de la violencia “gratuita”.
Hace ya unos cuantos años en España se produjo un fenómeno llamado “GAL” (Grupos Antiterroristas de Liberación). El GAL no era si no un grupo de policias y “mercenarios” pagados con fondos reservados del estado que utilizaban el mismo tipo de violencia que la etarra con el objetivo de erradicar a estos últimos.
Aparte de que todo acabo en desastre, aquella actuación no produjo más que una indefensión de la población y un ataque claro a ese estado de derecho sobre el que se supone que todos estabamos protegidos.
El GAL fue, en la etapa democrática, quizá el caso más claro de lo deleznable que puede ser un estado que obvia el derecho de todos. Con ello se desvirtualizaban las normas comunes que nos habíamos impuesto. ¿Cómo podríamos entonces clamar justicia o pensar que el estado nos protegería si había dilapidado ese derecho?
Es quizá por ello que no hay cosa peor en un Estado que ser él el que rompe las normas y con ello se convierte en juez y parte de cualquier actuación.
Gracias por compartir.