Escuela de gobierno

La Universidad de Oxford lanza una escuela de gobierno

A los futuros estudiantes se les enseñará a hacer frente a problemas complejos como la crisis de las vacas locas o la gripe A.

Londres. (EFE).- La Universidad de Oxford (Inglaterra), donde han estudiado veintiséis primeros ministros británicos, anunció hoy su plan de creación de una nueva escuela de gobierno para formar a futuros líderes mundiales.

La creación de la escuela ha sido posible gracias a una donación de 75 millones de libras (90 millones de euros) del filántropo estadounidense Leonard Blavatnik, cuyo nombre llevará el centro.

La propia Universidad contribuirá con 26 millones de libras (31,2 millones de euros) a su funcionamiento. A los futuros estudiantes se les enseñará a hacer frente a problemas complejos como la crisis de las vacas locas o la gripe A, que requieren conocimientos especializados tanto en materia científica como legal, pero también a gestionar presupuestos.

“El currículo tiene una parte analítica y otra práctica. No intentamos formar a científicos o a médicos, pero sí enseñaremos a nuestros alumnos cómo aprovechar inteligentemente los consejos científicos”, afirma el director académico del nuevo centro, Ngaire Woods.

“Por ejemplo, ante una crisis como la de las vacas locas, enseñaremos qué hacer con los consejos científicos, los consejos legales y los políticos. Juntaremos a un zoólogo, un jurista y un politólogo para enseñar eso”, señala Woods, citado en un comunicado.

El curso combinará disciplinas que van desde las humanidades, las ciencias sociales y el derecho hasta la ciencia propiamente dicha, la tecnología o la política de seguridad.

El curso de maestría de un año también comparará los distintos sistemas políticos y su funcionamiento en la práctica.

Tendrá un importante componente internacional, y así se enseñará a los alumnos a entender a otros países, estudiando también con gente de otros lugares, a pensar y actuar globalmente, señalan los responsables del centro. El vicerrector de la Universidad de Oxford, Andrew Hamilton, calificó la creación de la escuela como “todo un hito en (los 900 años de historia de) Oxford”.

Aunque esa universidad ha educado a veintiséis primeros jefe de gobierno británicos y a una treintena de otros líderes mundiales, hasta ahora las principales escuelas de gobierno estaban fuera de Europa, sobre todo en Estados Unidos, algo que se propone corregir el nuevo centro.

Todorov: ‘La experiencia totalitaria’

El filósofo Tzvetan Todorov

Todorov: “Los países democráticos han heredado el mesianismo comunista”  El filósofo presenta ‘La experiencia totalitaria’, una recopilación de ensayos y perfiles en torno al comunismo y el fascismo.

Madrid. (EUROPA PRESS). – El autor búlgaro Tzvetan Todorov, quien describe los países democráticos como herederos del mesianismo comunista, ha presentado en Madrid el libro ‘La experiencia totalitaria’ (Galaxia Gutenberg), una recopilación de ensayos en torno al comunismo y el fascismo.

En la presentación, Todorov ha subrayado que el comunismo heredó en el siglo XX la actitud mesiánica del colonialismo y que, tras la caída del Muro de Berlín, las democracias occidentales han ocupado el vacío totalitario para “invadir estados en nombre de la igualdad”.

Según el autor, “no se puede hablar de que el neoliberalismo sea totalitario”, pero sí de “ciertas herencias del totalitarismo” en una ideología que “rige todos los aspectos de nuestras vidas”. “El neoliberalismo está desmantelando la idea del Estado”, ha afirmado. “Esto se ve en las soluciones que han dado los distintos gobiernos a la crisis económica, que atienden los problemas inmediatos pero no las causas estructurales de la crisis. Como consecuencia, en tres años podríamos tener una crisis mucho peor”, ha explicado el autor.

En su opinión, hay varios candidatos para sustituir al comunismo como amenaza global, entre los que figuran los estados islamistas, que no tienen un líder claro; países anacrónicos como Cuba y Corea del Norte y la gigantesca China, que se ha abierto a los mercados. “En este contexto, La UE y Estados Unidos, que rechazan cualquier afinidad con los totalitarismos, no están a salvo de la contaminación, y esto se puede ver en las invasiones mesiánicas en nombre de las ideas o en la extensión de la xenofobia”, ha dicho.

Según Todorov, quien ha señalado que las expulsiones de gitanos en Francia forman parte de una “maniobra de despiste”, la xenofobia y “el miedo al inmigrante” se está extendiendo por el Viejo Continente, en un momento crítico en que la gente no ve más allá de sus tierras.

El cuerpo de esta publicación, traducida al español por la intérprete Noemí Sobregués, está compuesto de nueve ensayos sobre el periodo de dominación del totalitarismo, que comienza a principios del siglo XX y que se extiende hasta la caída del Muro de Berlín.

La experiencia totalitaria
La publicación, en la que el autor rinde tributo a maestros de la talla de Germaine Tillion, Raymond Aron o Mijaíl Bajtín, traza un retrato casi novelesco del dictador soviético Iósif Stalin y de la salvación de los judíos en Bulgaria durante la II Guerra Mundial.

Tzvetan Todorov, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2008, tuvo que esperar hasta la caída del Muro para abordar su experiencia como ciudadano de un estado totalitario y, para ello, se centró en su faceta como historiador a partir de los años noventa.

Durante su carrera, Todorov ha publicado diversos trabajos, entre los que figuran ‘Mijail Bajtín: el principio dialógico’ (1981), ‘Las morales de la historia’ (1991), ‘Elogio del individuo. Ensayo sobre la pintura flamenca’ (2006) y ‘El espíritu de la Ilustración’ (2008).

La llei antiterrorista: què és i què significa exactament?

JOSÉ MANUEL BANDRÉS; a EL PAÍS (22/04/1985)

Algunos de los asiduos lectores del Boletín Oficial del Estado, al descubrir en la portada del número correspondiente al 16 de marzo de 1985 la “corrección de errores de la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución”, abrirían rápidamente las páginas del boletín con la esperanza de encontrar que las Cortes Generales, de motu proprio, sin esperar el posible pronunciamiento del Tribunal Constitucional, habían enmendado algunos de los puntos más conflictivos de la ley, pero con desilusión observarían que, obviamente, la corrección se limitaba a incluir en el texto dos líneas que se le habían olvidado al impresor oficial. La ley antiterrorista, que entró en vigor el 4 de enero de este año, calificada en sectores progresistas como “monstruo legal”, supone una compilación de normas penales, procesales y restrictivas de derechos fundamentales que se encontraban dispersas, que tienen como eje la represión de los delitos cometidos por ciudadanos integrados en bandas armadas o relacionados con actividades terroristas o rebeldes; o más claramente, con nombres y apellidos, es el instrumento legal que ordena la actividad policial y judicial del Estado para luchar, fundamentalmente, contra los miembros del GRAPO, la organización ETA o los grupos del terrorismo negro.

Sintéticamente, podemos señalar que la ley antiterrorista dispone en su articulado una elevación gradual de las penas a imponer a los terroristas, pero a la vez permite una atenuación importante de las sanciones cuando los implicados en estas actividades abandonen voluntariamente la vida delictiva y se presenten a las autoridades confesando los hechos en que hubieren participado, que puede llegar hasta la remisión total de la pena si los delitos cometidos no fueran “de sangre”. La ley prevé penas de 6 a 12 años de prisión para las personas colaboradoras de los grupos terroristas (información de personas, patrimonios y edificios, construcción o cesión de alojamientos, organización o asistencia a cursos o campos de entrenamiento, cualquier forma de cooperación económica…), castiga con penas de seis meses a seis años la apología de estos delitos (alabanza en público de hechos delictivos, apoyo a estos grupos en medios de comunicación o la adhesión a través de discursos, soflamas o pancartas … ). En el plano procesal, atribuye a la Audiencia Nacional la instrucción y enjuiciamiento de los sumarios incoados por estos crímenes, y pone, además, en manos de esta jurisdicción central el control judicial de las actividades policiales preventivas que supongan una invasión de los derechos fundamentales, cuya restricción se regula en la propia ley; y obliga al juez central de instrucción a que dicte prisión preventiva incondicional por tiempo de hasta dos años respecto de los ciudadanos acusados por delitos a los que le corresponden penas superiores a seis años.

Puntos controvertidos

Los puntos más controvertidos de la ley antiterrorista y mas susceptibles de desbordar el marco de libertades diseñado por la Constitución son la posibilidad de extender a 10 días el período de duración de la detención policial; la discrecionalidad que se concede a los tribunales para que, cuando condenen a un dirigente o un miembro activo de una organización política o asociación sindical o cultural, puedan ordenar la ilicitud, la disolución o clausura de los citados grupos; la realización de detenciones y registros domiciliarios y la práctica de observaciones postales, telefónicas o telegráficas por mandato directo de las autoridades gubernativas; la disponibilidad legal que se le otorga al juez central para clausurar provisionalmente un medio de difusión e incluso ocupar el medio, y la suspensión automática en el ejercicio de sus funciones de los cargos públicos que fueren procesados por delitos comprendidos en la ley.

Cualquier lector atento de la Constitución podría encontrar en seguida preceptos de esta ley que vulneran manifiestamente el reconocimiento, la protección y las garantías que en defensa de los derechos humanos y libertades se establecen en la Carta Magna española. El artículo 55.2 de la Constitución, que sirve de precepto habilitante para que el legislador estatal pueda entrar a restringir los derechos fundamentales en casos relacionados con elementos terroristas, sólo habla que podrán suspenderse de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario los derechos recogidos en los artículos 17.2 (derecho de los ciudadanos a que la duración máxima de la detención policial dure 72 horas), 18.2 (derecho a la inviolabilidad del domicilio, salvo resolución judicial o flagrante delito) y 18.3 (derecho al secreto de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas, salvo resolución judicial); pero los derechos afectados por esta ley son, además, los contemplados en los artículos 20 (libertad de opinión y el derecho a la información), 21 (derecho de reunión), 22 (derecho de asociación), 23 (derecho a acceder a un cargo público), 24 (tutela efectiva de los tribunales) y 14 (principio de igualdad y derecho a la no discriminación).

(…)Y debemos concluir ya con una sucinta reflexión: en la Europa democrática se discute con apasionamiento si se deben garantizar las libertades a los enemigos de la libertad, si el Estado debe acoger bajo su paraguas protector de las libertades de los ciudadanos a aquellos que desde la violencia armada luchan por derribar el propio Estado. La respuesta debe ser inequívoca. El Estado democrático no puede emplear las mismas armas que las utilizadas por los liberticidas, bajo riesgo de socavar sus propios cimientos, bajo pena de conculcar los principios fundamentales de respeto a la personalidad humana y su dignidad, su inteligencia y libertad, sobre los que descansan las sociedades libres. Por eso el rechazo frontal a la tortura y a los tratos humillantes, el reconocimiento del principio de presunción de inocencia de todos los ciudadanos sin excepciones, una instrucción penal sin mengua de los derechos fundamentales y un juicio equitativo con todas las oportunidades de defensa ante un tribunal ordinario, independiente e imparcial deben ser las armas con las que el Estado de derecho se protege contra los violentos intransigentes.

Muchos demócratas hubieran contemplado con satisfacción que el presidente del Gobierno hubiera tomado la iniciativa de impugnar ante el Tribunal Constitucional la ley denominada antiterrorista, porque en materia de libertades conviene ser absolutamente escrupuloso; porque sobre esta ley procede despejar desde un principio todas aquellas dudas que sobre su inconstitucionalidad se han formulado desde amplios sectores de la ciudadanía, en asociaciones de juristas o en organizaciones de defensa de los derechos humanos; porque para medir el grado de respeto a las libertades públicas por un país determinado, para comprobar el grado de compromiso ético de una sociedad, hay que acudir a examinar su legislación sobre las minorías, ya sean políticas, étnicas o sociales; hay que observar el comportamiento de los funcionarios cuando restringen, amparados por la legalidad, los derechos fundamentales; hay que medir cómo la opinión pública resuelve la represión contra los elementos disconformes; y porque es cierto que las sociedades sólo desde la libertad son capaces de desenvolverse, que sólo así los pueblos adquieren conciencia de su existencia y valor, y que sólo desde el respeto a los derechos humanos los Estados alcanzan legitimidad social e impulsan la convivencia política en clave de progreso.


(José Manuel Bandrés es juez de instrucción.)