Hoy, más que nunca, es urgente una llamada ciudadana para la defensa de los servicios públicos y de los derechos conseguidos (que no regalados) durante los últimos siglos. El ataque sin escrúpulos hacia la Escuela Pública supone, de facto, un misil contra la igualdad de oportunidades y el inviolable derecho a la educación. Es hora de mojarse.

Pasó el verano y se repiten los mismos ritos de años pasados. Comienza el curso escolar y, con él, volverá la gresca educativa al primer plano. Escucharemos, si no lo estamos haciendo ya, descarados ataques entre tirios y troyanos y seremos testigos de luchas encarnizadas en las que cada bando sacará lo peor de sí. Se nos mostrarán datos absolutamente sesgados venidos de estudios internacionales (pero sólo de algunos, no se crean, de los que interesen). Se dirán barbaridades y se intentará manipular a la población dando a entender que los alumnos españoles son un desastre o que son gloria divina, dependiendo de si estamos en el Gobierno o en la oposición.

Pero será difícil asistir a un debate serio y con argumentos que vayan más allá del slogan y la propaganda. Y no sólo porque la política española fluya a golpe de titular, que también, sino porque es complicado discutir las políticas educativas cuando las puestas en marcha por unos y otros, sin ser gemelas, son muy parecidas. Preguntado hace unos meses qué me parecía el Pacto Educativo se me ocurrió responder que ya existía tal cosa, pues si uno se poner a comparar las diferentes reformas puestas en marcha, encuentra direcciones similares. Cierto es, como digo, que hay diferencias, como las hay entre cocinar espagueti a la parmesana o a la boloñesa. Pero es que la dieta que nuestras escuelas necesitan no se basa en la pasta precisamente.

Varios son los problemas de la educación española pero el principal es el abandono a su suerte de la Educación Pública. El aumento de las escuelas concertadas, o lo que es lo mismo, las escuelas privadas financiadas con fondos públicos en España parece imparable. Desde que la LODE, aprobada en 1985, hiciese una lectura poco diáfana del artículo 27 de la Constitución Española, se ha abierto un campo para la conversión de la Educación no en un servicio público sino en un mero negocio. Todos los Gobiernos, de uno u otro signo, han puesto en marcha medidas para facilitar el crecimiento del sector privado en el Sistema Educativo Español.

Al miura se le ve venir, y no es descabellado pensar que el Partido Popular aprecie la privatización de la educación. No lo esconden y está negro sobre blanco en sus programas electorales. Lo sorprendente es ver cómo el Partido Socialista luce un traje para la defensa del sector público y, en especial, de la educación pública, para después pasar al puro travestismo político. La aprobación de la LOE y el decreto de desarrollo de 6 de Junio de este año suponen un ataque más a la educación pública, pues no sólo no limita el campo de acción de las escuelas privadas concertadas sino que, además, les abre puertas a otros sectores (como el de la Educación Infantil). Todo ello desoyendo los estudios que demuestran que las escuelas privadas concertadas utilizan mucho peor los recursos que la Educación Pública (Fundación Alternativas).

En España seguimos una senda imparable de privatización educativa. Muchos Ayuntamientos se dedican a ceder terreno municipal (público) para la construcción de centros privados; en determinados lugares estamos llegando a la paradoja de cerrar escuelas públicas mientras en la acera de enfrente se financian escuelas privadas concertadas. En definitiva, aumentamos el gasto en escuelas privadas a la vez que reducimos la inversión en la Escuela Pública. Por no hablar de los negocios aledaños: libros de texto, actividades extraescolares, comedores… La tarta se hace cada vez más grande, cuando lo más sensato sería plantear el carácter subsidiario de los conciertos educativos, es decir, financiados cuando no haya plazas públicas y únicamente hasta que el sector público esté instalado.

Parece mentira que a estas alturas haya que salir en defensa de la Educación Pública. Defenderla hoy es salir a favor de los espacios comunes, de la verdadera equidad educativa y de una selección de los profesionales acorde con sus méritos. Es hablar de una educación para todos, y no excluyente (elitista) como es la privada concertada. También lo es de la pluralidad ideológica, que no de la imposible y nada recomendable “supuesta neutralidad”, tras la cual se suele esconder el mantenimiento de las injusticias y la manipulación más abyecta.

Hoy, más que nunca, es urgente una llamada ciudadana para la defensa de los servicios públicos y de los derechos conseguidos (que no regalados) durante los últimos siglos. El ataque sin escrúpulos hacia la Escuela Pública supone, de facto, un misil contra la igualdad de oportunidades y el inviolable derecho a la educación. Es hora de mojarse.

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