HISTORIADORS DEL SERT 2013

El BIENIO REFORMISTA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA.
El almirante J. Bautista Aznar, quién acuerda convocar nuevas elecciones municipales el
12 de abril de 1931.
Con aquellas elecciones se pretendía volver al viejo sistema, pero la participación de las
fuerzas contrarias a la monarquía con una propaganda y mítines que superaron en
organización tuvieron como resultado el triunfo de la coalición republicano-socialista en
las principales ciudades del país (41 de las 50 capitales). El 14 de abril con el pueblo en las
calles, Alfonso XIII abandona España y se proclama la Segunda República.
Estas elecciones constituyeron un auténtico referéndum sobre el régimen monárquico y
aunque en las elecciones los monárquicos obtuvieron 22150 concejales frente a los 5875
republicanos, en la mayoría de las ciudades del país triunfaron los candidatos de la
coalición republicana, de manera que en cifras absolutas los españoles siguieron votando la
monarquía, debido al control de los caciques, pero la monarquía no podía mantenerse con
la oposición de las ciudades.
Entretanto coexisten varios poderes. De un lado los miembros de la futura República,
que conscientes de su fuerza exigen el inmediato exilio del rey; de otro lado un monarca
desconcertado que por consejo de sus ministros abdica y sale del país.
El 14 de abril el Comité del Pacto de San Sebastián se convierte en Gobierno
provisional y proclama la Segunda República, en medio del clamor popular.
Una vez proclamada la República se inicia la primera de sus fases:
 El Gobierno Provisional (abril de 1931-diciembre de 1931)2
En él se establecen las bases fundamentales del Régimen. Abarca desde la proclamación
del nuevo régimen hasta la promulgación de la Constitución de 1931. Su misión
fundamentalmente fue la de convocar elecciones a Cortes Constituyentes; mientras se
discutía el texto constitucional se gobernaba por decreto. El presidente de este gobierno fue
Niceto Alcalá Zamora, presidente del Comité revolucionario que proclamó la República.
El gobierno estaba compuesto por republicanos de todas las tendencias y algunos
socialistas, esto quiere decir que las clases que lo apoyaban eran medias republicanas y el
proletariado integrante o simpatizante del PSOE y UGT. Por el contrario las fuerzas de
oposición eran de derecha, la oligarquía desplazada del poder, y la izquierda, el proletariado
revolucionario, especialmente CNT. En la actuación de este gobierno destacan las reformas
militares y sociales.
La reforma del ejército fue promovida por M. Azaña, Ministro de Guerra, con ella pretendía
crear un ejército más reducido y moderno, así como eliminar a sus miembros más
conservadores y hacer de él una institución más adaptada al régimen republicano.
Las reformas sociales de Largo Caballero, Ministro de Trabajo socialista, pretendían
elevar el nivel de vida de los trabajadores, mejorar las condiciones laborales y de seguridad
social, aumentar la participación y el poder y la influencia de los patronos, sobre todo en
medios rurales.
En la calle, a las pocas semanas de proclamarse la República, tuvo lugar la quema de
numerosos conventos y casas religiosas. Este hecho anunciaba ya el carácter conflictivo
que tendría la cuestión religiosa, uno de los problemas más espinosos del régimen.
EL PRIMER BIENIO O BIENIO REFORMISTA (DIC. 1931-SEP. DE 1933)
Durante este período el poder está en manos de los izquierdistas. Aprobada la Constitución,
es elegido Presidente de la República Alcalá Zamora y Azaña es nombrado como jefe de
gobierno. Su gabinete está formado por republicanos de izquierdas y socialistas.
Continúan las reformas del gobierno provisional, pero las del bienio progresista son las más
profundas desde el inicio de la revolución liberal en la década de 1830. Se llevarán a cabo
la reforma religiosa, la militar, la agraria, reformas laborales, reformas en la enseñanza y se
afrontará el problema regional. Veamos las principales reformas llevadas a cabo:3
La reforma agraria. El problema agrario en España era una cuestión estructural
especialmente grave teniendo en cuenta que en estas fechas seguía siendo un país
predominantemente agrario. El problema del campo era pues verdaderamente crucial y gran
parte de la credibilidad de la República e incluso su pervivencia giraba en torno a este
punto.
Esta importancia de la cuestión agraria hizo que se tomaran inmediatamente varias medidas
legales para intentar solucionar la situación del campo:
 Decreto de Términos Municipales, del 20 de abril de 1931. En virtud de esta disposición
se obligaba a los patronos a contratar a jornaleros del propio término municipal, según el
orden de inscripción en el registro de desempleo.
 En marzo de 1932 empezó a discutirse en las Cortes el proyecto de Ley de Reforma
Agraria que fue aprobado en septiembre de 1932. Esta ley preveía la expropiación con
indemnización de las grandes fincas que no fuesen cultivadas directamente por sus
dueños, las tierras incultas, las de regadíos no regadas… Para ello se creó el I.R.A.
(Instituto para la Reforma Agraria) que desde su nacimiento tuvo muchos problemas
para ser realmente efectivo.
Los resultados de la Ley de Reforma Agraria fueron decepcionantes: se expropiaron muy
pocas de las tierras y fueron muy pocos los campesinos que vieron resuelta su situación
debido al bajo presupuesto de la reforma, a la oposición de los latifundistas, a la lentitud de
las reformas y a propia división de republicanos y socialistas.
La reacción frente a las leyes agrarias por parte de la patronal agraria fue diversa:
ignorancia de la ley, bloqueo de la misma, amenazas a los arrendatarios con arrojarles de la
explotación de la tierra si apoyaban al IRA (Instituto para la Reforma Agraria), etc.
La estrategia de la patronal estaba muy clara: dificultar al máximo el proceso que a su vez
suponía enfrentar a los campesinos con la República ya que terminaban por sentirse
descontentos y defraudados ante las expectativas no satisfechas.
El debate religioso. Será uno de los más serios que se le presentan a la Segunda
República y el que le resta más apoyos. Los gobernantes tienen prisa por iniciar un proceso
secularizador de la vida social, ya que consideran a la Iglesia como un freno para la
modernización del país. 4
Estas intenciones quedaron plasmadas en la Constitución de 1931, que estipulaba la no
confesionalidad del Estado, la libertad de cultos y la supresión de presupuesto de culto y
clero. Además se toman las siguientes medidas:
 Reglamentación que permitía el divorcio, los matrimonios civiles y la secularización de
los cementerios.
 Generalización de un sistema de enseñanza público y laico que desplazará a la
enseñanza religiosa, sólo al alcance las familias pudientes.
 Decreto sobre libertad religiosa.
 Disolución de la Compañía de Jesús e incautación de sus bienes.
 Ley de Congregaciones, en virtud de la cual se privaba a la iglesia del derecho a
mantener centros docentes y se obligaba a las órdenes religiosas a pagar impuestos.
Las reacciones frente a estas medidas no se hicieron esperar. La Iglesia se mostró desde el
primer momento reacia a la separación del Estado y a admitir toda la legislación laica de la
República ya que consideraba que se estaban lesionando sus derechos históricos. De todas
maneras, quizá lo que más incomodó a la Iglesia fue la supresión de la obligatoriedad de la
enseñanza de la religión y el decreto que obligaba a la retirada de los crucifijos de las
escuelas. La cúpula de la Iglesia puso en evidencia su progresiva hostilidad hacia el nuevo
régimen lo que a su vez provocó reacciones descontroladas de ciudadanos incendiando
iglesias y conventos en casi toda España.
El problema militar. A lo largo del s. XIX hemos visto que la intromisión militar en la política
ha sido una constante (cambios de gobierno mediante pronunciamientos…) Esto se debía a
la Ley de jurisdicciones que otorgaba al ejército competencias que correspondían al poder
civil.
A pesar de que la Restauración había acabado con los pronunciamientos, el golpe de Primo
de Rivera no sorprendió demasiado, ya que el recuerdo de la presencia militar en la política
estaba presente en la memoria colectiva.
El ejército español padecía una grave situación de macrocefalia (elevado número de jefes y
oficiales en relación a la tropa); esto originaba que la mayor parte del presupuesto militar
fuera destinado a pagar los salarios correspondientes e impedía la modernización del
equipamiento del ejército (últimas tecnologías en armamento, como exigía la guerra
moderna). Era, pues, imprescindible atajar la situación y dar una solución definitiva.
Las soluciones aportadas por Azaña, durante el Gobierno Provisional y el Bienio
Reformista, fueron tan racionales como moderadas y se tradujeron en las siguientes
medidas: 5
 Exigir a los militares fidelidad a la República y a la Constitución
 Abolición de la Ley de Jurisdicciones.
 Supresión de la mitad de las regiones militares y de algunos grados militares.
 Se anularon los ascensos por méritos de guerra de tal manera que sólo fuesen por
antigüedad y formación.
 Se modificó el sistema de ascensos para intentar hacerlo más racional.
La reacción de los militares fue negativa e inmediata por una parte importante del ejército.
Los intentos de racionalización y modernización del ejército emprendidos por Azaña fueron
entendidos como un atentado a los derechos de los militares. La muestra más significativa
de esta actitud fue el levantamiento armado del general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932.
El problema regional. Este problema presentaba raíces históricas y se consideraba su
solución como una actuación prioritaria desde el Pacto de San Sebastián.
Así se aprobará el Estatuto de Autonomía catalán en 1933 que define a Cataluña como una
región autonómica dentro del Estado español cuyas competencias exclusivas de la
Generalitat son: el transporte, la sanidad, la beneficencia y la elaboración y aplicación del
derecho civil foral. Comparte con el gobierno central: la educación, administración de
impuestos y el orden público. El castellano y el catalán son lenguas cooficiales. Maciá será
el presidente de la Generalitat y tras su muerte Lluís Companys.
Asimismo, el estatuto para el País Vasco y Navarra se aprobó en el año 1936.
Todas estas reformas encuentran un fuerte oposición. El problema más arduo llega de las
fuerzas que se consideran fuera del sistema y tienen gran peso social: las derechas y la
extrema izquierda.
Los monárquicos más radicales conspiran desde los primeros tiempos de la República,
junto con elementos militares y civiles. Así, el fracasado golpe de Estado del general
Sanjurjo que se prepara para el 10 de agosto de 1932.
Por su parte también existen conflictos protagonizados por la extrema izquierda, sobre todo
por los anarquistas, que actúan unidos en algunos lugares con comunistas y ugetistas.
Destacan los enfrentamientos de Castilblanco (Badajoz) en diciembre de 1931; Arnedo
(Logroño) en enero de 1932. A lo largo de 1933, la UGT se une cada vez más a los
anarquistas en las huelgas.6
En enero de 1933, la FAI hace un llamamiento a la insurrección general; el suceso más
grave ocurre en Casas Viejas (Cádiz); el enfrentamiento entre los campesinos y las fuerzas
de seguridad, sobre todo guardias de asalto, termina con veintidós civiles y tres guardias
muertos. Este incidente desacredita al gobierno. La oposición le culpa directamente de los
hechos y los socialistas se plantean la conveniencia de seguir en él.
El fin del bienio se ve marcado por la organización y auge de las derechas, la crisis del
gobierno de Azaña y la convocatoria de elecciones generales para noviembre de 1933.7
En primavera de ese mismo año nace la Confederación Española de Derechas
Autónomas (CEDA), procede de Acción Nacional creada por José María Gil-Robles al
instaurarse la república. A la derecha de la CEDA están los partidos monárquicos,
entre los que destacan Renovación Española, los carlistas y pequeños grupos
fascistas.