Masquefa

os Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para identificar a las personas que esta madrugada han derribado la figura del toro de Osborne de El Bruc (Anoia), la última que queda en Catalunya. La figura llevaba nueve meses en pie, después de que la levantaran varios vecinos de Masquefa. Un comunicado anónimo ha anunciado hoy del derribo de la figura publicitaria de la A-2, expresando su compromiso de responder a cada “agresión” a la nación catalana. Según fuentes de la policía autonómica, los Mossos han recibido esta mañana el aviso de que el toro estaba en el suelo, después de que hubieran sido serradas sus patas metálicas. Los agentes autonómicos han abierto entonces una investigación para identificar a los responsables del derribo del toro, que, a diferencia de otras ocasiones anteriores, no incluía ninguna pintada reivindicativa. Tirado al suelo en el 2007 El último toro de Osborne que queda en Catalunya, de unos 14 metros de altura y cuatro toneladas de peso, ha sido atacado varias veces por grupos de independentistas. La anterior ocasión fue en agosto del 2007, cuando fue tirado al suelo por un grupo que se identificó como Germandat Catalana La Bandera Negra. El 17 de mayo del 2008, vecinos de Masquefa pidieron permiso al dueño de la finca para volverlo a colocar de pie en una operación en la que se usaron varias grúas.

Han vivido durante más de tres años en un piso de 25 m2

Últimos días Martín e Isabel, en la minúscula cocina que hay en la entrada de la vivienda que deben abandonar en un mes. Foto: JULIO CARBÓ

PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

En el corazón del Eixample, donde los pisos suelen ser amplios y caros, donde los techos suelen ser altos y las vistas privilegiadas… también hay infraviviendas. Hay cuartuchos que un día fueron de la portera o que albergaron rancios contadores de luz y hace unos años se convirtieron en estudios por obra y milagro de la especulación inmobiliaria. Cotizan desproporcionadamente caros, como el de Bailèn, 388, donde la familia Morata pagaba unos 470 euros (con luz y agua) por menos de 25 metros cuadrados. Era lo único que podían permitirse cuando llegaron a la ciudad. Pero ahora ni siquiera les llega para ese recibo. Si nada o nadie lo remedia, Isabel Barragán, su marido y su hijo dormirán al raso a partir del mes que viene. Engrosarán la lista de desahucios en Barcelona, que crece a diario bajo la convulsión de la crisis.
La familia, un matrimonio con un niño de 10 años, ha querido hacer pública su desgracia con dos objetivos: pedir ayuda a los cuatro vientos y alertar a futuros arrendatarios sobre las condiciones de muchos minipisos reciclados de la capital catalana.
Su caso solo es uno más, un cóctel de infortunios que se agudiza en una ciudad con alquileres disparatados en proporción a los salarios de la mayoría. Isabel se quedó sin trabajo el pasado marzo, cuando tuvo que cerrar su pequeña ferretería, en la misma zona. Su marido, mecá-
nico frigorista, tampoco tiene trabajo desde junio. Ambos eran autónomos y no cuentan con subsidio de desempleo. Ella tiene 47 años, y él, 50, una edad que en el actual mercado laboral se ha convertido en un lastre. “Yo he sido muchos años albañil, he trabajado en un fábrica y en mi tienda, pero estoy dispuesta a hacer cualquier trabajo”, confiesa.

Supervivencia
La mujer plancha un día a la semana y hace algunas tareas de limpieza, con las que obtiene unos 20 eu-
ros que dan para alimentos básicos. El resto de su alimentación se la deben a la parroquia de Sant Francesc de Sales. Martín hace remiendos ocasionales, pero las cuentas no dan para pagar el alquiler. No lo abonan desde agosto y una sentencia de desahucio (que trataron de frenar intentando –sin éxito– pagar tres meses a la vez con ayuda de un amigo) ya ha dictado que el 16 de enero es el día límite para que abandonen su pequeño hogar. Desde la sentencia, sufren cortes de agua inesperados.
Los Morata llegaron en septiembre del 2005 a la finca. Se trataba de un minúsculo piso habilitado donde años atrás se ubicaron los depósitos del agua. Todo es eléctrico y las dos microhabitaciones apenas tienen espacio para una cama, pero pensaron que sería temporal. Isabel tiene un problema en un riñón y necesitaba supervisión médica, así que dejaron Masquefa y se instalaron en Barcelona. Con la indemnización por el desmantelamiento de la fábrica donde trabajaba y un crédito, montó la fallida ferretería. Ahora, una pequeña paga de 300 euros por discapacidad crónica de su marido (que no le impide trabajar) se va íntegramente para afrontar ese préstamo.
En estos más de tres años, la familia se ha retrasado algún mes en el pago del alquiler, pero siempre ha ido a pagarlo en mano a la sociedad propietaria –titular de toda la finca y que no ha querido hacer declaraciones a este diario–, como demuestra con los recibos. Pero al margen de sus problemas económicos, los inquilinos han ido descubriendo las malas condiciones de la vivienda, un quinto sin ascensor que corona el edificio. “La primera vez que quisimos desgravar el alquiler descubrimos que el piso no estaba registrado por no tener cédula de habitabilidad”, se lamenta la mujer. La vivienda estaba pintada y rehabilitada, con una minúscula cocina en la entrada, dos pequeñas estancias y un aseo.
La historia se complicó cuando quisieron aumentar la potencia eléctrica, ya que el piso carece de gas y en cuanto encienden un calefactor se va la luz. “En invierno pasamos mucho frío y no podemos calentar el piso por falta de potencia eléctrica”, denuncian. Nunca lograron la cédula, así que en verano, con el sol que cae sobre el estudio se ven obligados a sacar un col-
chón a la terraza del edificio para poder dormir.
La meteorología es su amenaza. Cuando llueve se producen filtraciones de agua y sufren peligrosos calambrazos. Las paredes son finas, hay humedad y las puertas son tan bajas que una persona de estatura media ha de ir con cuidado para no golpearse en la cabeza. Pero en poco más de un mes, otro inquilino les tomará el relevo.