“A propósito de la reforma fiscal, la que más ruido ha levantado, junto con la educativa, le pregunto a la presidenta si, como ella decía antes, los tiempos fueron medidos. O si no lo fueron, si ello creó tensiones innecesarias. La reforma se aprobó únicamente con los votos de la coalición de gobierno, y sólo al final, ante la evidencia de que iba a pasar por el Senado sin cambios, se dieron conversaciones con la oposición, se aceptaron algunas de sus enmiendas y la ley salió por consenso. Los empresarios, que siempre se mostraron contrarios al aumento tributario, acusaron la tensión y la incertidumbre. ¿Se podría haber enfocado de otra manera desde el principio, sin estos tres o cuatro meses de irritación continuada?

—Quién sabe. Tal vez si no hubiera pasado lo primero, no hubiera pasado lo segundo. Yo lo único que quiero decir es que recibí a todos los partidos acá, en este mismo salón, y a todos les dije lo mismo: si todos ustedes tienen propuestas —desde el comienzo, no en la segunda parte, desde el principio—, que mejoren la propuesta nuestra, pero que mantengan dos objetivos fundamentales que tiene la reforma: que junte 8.000 millones de dólares [6.277 millones de euros] y que avance en equidad tributaria, [apórtenlas]. Esos dos criterios, si se mantienen, yo no tengo ningún problema en recibir y escuchar. Y la verdad, es que no hubo una actividad tan inmediata de entrega de propuestas…

Esos ingresos adicionales permanentes de los que habla la presidenta, 8.000 millones de dólares, unos tres puntos porcentuales del PIB, llevarán la carga fiscal en Chile, sin contar con las contribuciones sociales, a un 23% del PIB, aún por debajo de la media de los países de la OCDE, que es del 25%.
Es dinero necesario, según Bachelet, para invertir en una mejor educación que a medio y largo plazo mejore la competitividad de Chile, provea empleos más cualificados y el país siga escalando en riqueza y bienestar como lo ha venido haciendo en las últimas décadas. También para reducir la desigualdad, otra de las grandes batallas de Bachelet. Chile tiene una renta per cápita de 23.000 dólares, no muy lejos de Portugal o Grecia, pero con una profunda desigualdad que la presidenta confía en combatir también con la reforma fiscal. [….]

En apenas día y medio en Santiago, le comento, he escuchado varias cuñas en la radio convocando a una próxima manifestación contra la reforma, en las que se asegura que su Gobierno quiere cerrar 1.500 escuelas con la reforma educativa.

–Por eso le estoy diciendo que hay toda una campaña del terror frente a estos cambios totalmente injustificada. Nosotros no queremos cerrar los colegios privados, no queremos que solamente haya escuelas públicas; pero lo que sí queremos es que las escuelas que sean privadas garanticen calidad de educación. De los colegios que son particulares, subvencionados, pero con fines de lucro, algunos son buenos; pero hay un grupo muy importante que, lamentablemente, cuando uno ve los estudios a largo plazo, muestran que tienen más males incluso que los municipales públicos. Entonces, los recursos públicos que se están gastando en importantes cantidades en esos lugares no están sirviendo para que los jóvenes tengan una educación de calidad. El objetivo esencial es que la educación se transforme de lo que es hoy día, un bien de consumo y el que puede pagar paga la mejor que hay; y el que no puede, le toca la que le toca; o sea, municipal o particular subvencionada, que puede ser o no ser de buena calidad y no logra muchas veces que los chicos que pueden ser talentosos lleguen a la universidad. En la época de la dictadura, la educación pública pasó a depender del municipio y si el municipio tiene recursos, puede tener unos liceos y escuelas estupendas con buenas tecnologías; y si el municipio es pobre, pues se refleja también en las escuelas. La primera gran decisión es que la educación no puede seguir dependiendo de los municipios, pasa al Estado de Chile, vuelve al Estado, donde estaba previo a los años ochenta, en un sistema descentralizado, a nivel regional, provincial y local, pero es el Estado entonces el que garantiza los recursos y no depende ni de la voluntad del alcalde ni del valor que el alcalde le dé a la educación.”