Las alternativas para seguir reclamando los gastos de las hipotecas
Para quienes confían en la bolsa como indicador adelantado de la economía, el comportamiento de los bancos en la sesión de hoy deja claro que las decisiones que hemos conocido en las últimas 24 horas sobre el tratamiento del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que pagan las hipotecas , favorece y mucho a las entidades financieras.
Tanto el Tribunal Supremo como el Gobierno han despejado con sus decisiones la mayor amenaza que se cernía sobre el sector: el impacto de una posible retroactividad. Y ante esa situación, los expertos dan por descontado que, una vez más, se va a cumplir aquello de la banca siempre gana.
Cantidades susceptibles de repartir entre los gastos a clientes
El motivo es que los 640 millones de coste anual que supondrá asumir ese pago del impuesto, incluso los 1.147 millones que estiman los cálculos de los Técnicos de Hacienda de Gestha son cantidades que están en uno de los mejores escenarios que manejaba la banca. “Son manejables y sobre todo son repercutibles a los clientes”, aseguran desde el sector financiero.
Por lo que todo apunta a que, pese al esfuerzo de Pedro Sánchez, al final serán los clientes quienes de una u otra forma sigan cargado con el peso del impuesto, siempre que no haya un díscolo en el sector.
“La decisión (judicial y política) zanja el riesgo de impuesto hipotecario sobre los bancos, no hay base administrativa ni por vía judicial ni por vía civil para reclamar ese impuesto”, asegura Fernando Zunzunegui. En opinión de este abogado experto en Derecho Financiero “será el mercado en libre concurrencia quien decidirá si pueden o no adoptar esa estrategia”.
En esta línea, el director general Financiero, Jordi Argemí, de la promotora inmobiliaria Neinor Homes, lo tiene claro. “En un sistema hipotecario tan competitivo como el actual, el mercado no puede asumir ese coste, al menos en estos momentos, por lo que acabará recayendo en el cliente igualmente, ya sea a modo de impuesto, de endurecimiento de las condiciones o de diferencial”, asegura.
Solo sería legal subir el tipo de interés
Una reacción que le parece también “normal” a Valentí Pich presidente del Consejo General de Colegios de Economistas. “Hay que recordar que la banca no está viviendo un momento de euforia. Solo hay que recordar los miles de puestos que el sector destruye cada año. En una situación así es lógico y comprensible que si se encarecen sus costes, estos tengan que ser repercutidos de alguna manera”, asegura Pich.
Eso sí, no todo sería legal. “Lo único legalmente aceptado sería subir el tipo de interés”, puntualiza el experto en Derecho Bancario Marcelino Tamargo. “Si lo hacen a través de comisiones o algún otro cargo habría que estudiar muy bien cómo se justifica puesto que solo se pueden cobrar comisiones por servicios prestados. Y estaremos muy atentos”, advierte el fundador de la firma de abogados Espacio Legal.
Próxima exigencia, eliminar el impuesto
Aunque, para él este conflicto lo que pone de manifiesto es la “incongruencia de un tributo decimonónico pensado para el siglo pasado cuando la gente pagaba impuesto solo ante un fedatario público”. A ese carro se ha apuntado esta mañana también el líder del PP, Pablo Casado y también, Patricia Suárez, la presidenta de la asociación de usuarios de afectados por productos financieros, Asufin.
El problema es que, como explica Valentí Pich, esta decisión choca de frente con un problema mucho más complejo como es la financiación de las comunidades autónomas. El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas recuerda que el IAJD es un impuesto que recaudan las comunidades autónomas y dada la situación financiera de estas, “no parece muy asumible en estos momentos que se si suprima sin abordar una verdadera reforma de su financiación”.
