Preocupación. Y también división. La creciente inquietud que ha venido fraguándose en el mundo empresarial como consecuencia de las tomas de posición sobre el proceso soberanista y las próximas elecciones del 27S provocan también creciente división de puntos de vista. Y así se puso de manifiesto también el pasado lunes, cuando la junta directiva del Cercle d’Economia, el foro más transversal de la burguesía barcelonesa en el que convergen empresarios, ejecutivos, profesionales, académicos y políticos, a cuenta del documento de opinión que tiene previsto presentar hoy.

La reunión se convocó para discutir la propuesta de opinión elaborada por Antón Costas, presidente del Cercle, titulada “Ante las próximas elecciones del 27S: en defensa de la dignidad de la política”. Al final no hubo acuerdo, ya que un sector de la junta, encabezado por el vicepresidente Artur Carulla, (Agrolimen y diario Ara), se opuso a su contenido y dejó claro que no apoyaría un documento que pudiera parecer crítico con el proceso soberanista o con alguna candidatura como Junts pel Sí, de la que forma parte el president de la Generalitat y líder de CDC, Artur Mas, junto con ERC.

Ese sector ya cuestionó en una junta antes de las vacaciones de agosto la oportunidad de emitir una opinión, poniendo así de manifiesto la división de opiniones sobre la cuestión nacional, tradicional en la entidad, y que el pasado lunes volvió a cuajar más abiertamente.

En la reunión, Costas volvió a defender que “sería incomprensible que el Cercle d’Economia no diera a conocer su punto de vista en esta situación excepcional”. Y recordó que el foro se pronunció incluso cuando se constituyó el primer tripartito de Pasqual Maragall, en el 2003, defendiendo el derecho del PSC, ERC e ICV a hacerlo, pese al rechazo del resto de organizaciones empresariales.

Los críticos, en cambio, postularon que lo mejor era posponer la posición hasta después de los comicios, pues de lo contrario “podría parecer un documento de parte, especialmente contra las candidaturas independentistas”. Y dejaron claro que en ningún caso firmarían un documento como el presentado.

El texto, que Costas había enviado primero sólo a los vicepresidentes – además del ya mencionado Artur Carulla, Josep Oliu (Banc Sabadell) y Marc Puig (grupo Puig)- y después al resto, arranca con un enfoque muy crítico hacia los comicios: “El 27 s se celebran unas elecciones, no un referéndum o plebiscito”. Y a continuación se pronuncia en contra de los supuestos sobre los que el president Artur Mas y sus aliados han asentado el proceso.

Tras el alegato en favor de unas “elecciones normales” y de un “gobierno que gobierne”, Costas argumenta que los ciudadanos “en una democracia representativa como la nuestra han de conocer con certeza y transparencia a quién votan para presidir el gobierno y qué políticas apoyan para afrontar los problemas sociales y los retos económicos. Una expresión de ese derecho a la transparencia política es tener una razonable certeza de qué ocurrirá al día siguiente de formarse el nuevo Parlament”.

A continuación, pone en duda el derecho de la cámara catalana a declarar la independencia: “Si el independentismo tuviese una mayoría absoluta el 27S gobernará, y habrá acumulado fuerza en defensa de su posición. Pero cualquier cambio estructural -y la independencia sería la máxima expresión- requiere una mayoría muy cualificada que en ningún caso puede desprenderse de unas elecciones como éstas”.

Esta última reflexión concluye con dureza: “Una declaración de independencia en estas circunstancias sería un brindis al sol”. Costas afirma que “nadie tiene derecho a hablar en nombre de los catalanes”. La crítica al Gobierno central se dirige a “su ­decisión de cambiar de forma unilateral el régimen de funcionamiento del Tribunal Constitucional”.

Pensando en alternativas o buscando apoyos, el documento se aventura a interpretar posibles lecturas del sentido de los votos a las candidaturas no independentistas: “un resultado electoral del que diese mayoría parlamentaria al conjunto de las fuerzas políticas que no llevan en su programa la independencia no podría interpretarse como que la sociedad catalana es partidaria del statu quo. En Catalunya existe un deseo mayoritario de mejora del autogobierno y del reconocimiento legal de las singularidades de lengua, cultura y estatus político propio. Ese reconocimiento no implica privilegios en perjuicio del resto de españoles. Se trata de hacer legal lo que es real en la sociedad. Por ello no vemos dificultades insalvables para su reconocimiento en nuestro marco legal”.

Finalmente, la propuesta revisada admitía que “en todo caso, si de forma mayoritaria y reiterada los ciudadanos de Catalunya diesen su apoyo a formaciones políticas que llevan en su programa la opción de la independencia, el principio democrático de nuestra Constitución obligaría moralmente a los poderes públicos a encontrar una vía legal y acordada que permitiese celebrar una consulta específica para conocer el sentir preciso de los ciudadanos”. Para ello manifiesta “la disposición del Cercle a colaborar con otras instituciones similares españolas a buscar las vías que permitan abrir una nueva y larga etapa de progreso económico, social y político en España”.

El nuevo texto se centra en señalar el respeto a la ley y las normas como el elemento clave.