La recaudación de este gravamen está punto y medio por debajo de la media europea, algo que los expertos achacan a que solo el 42% de los productos y servicios se ven afectados por el nivel general.
A las puertas de unas elecciones generales decisivas para el futuro económico de España, la política fiscal será uno de los temas que ocupe la agenda de los partidos políticos que aspiran a ocupar La Moncloa. En este sentido, las propuestas para reformar el Impuesto sobre el Valor Añadido, también conocido como IVA, ya han sido objeto de debate entre los diferentes candidatos.
La forma en que se estructura esta tasa actualmente se divide en tres niveles: el general (21%), el reducido (10%) y el superreducido (4%).
Hasta el momento, solo Ciudadanos y Podemos han presentado opciones que se salen de la tónica general. El partido de Albert Rivera pretende simplificar los tipos de dicho gravamen bajo dos grados del 18% y el 7%.
Por el contrario, la formación de Pablo Iglesias quiere sumar un nuevo escalón del 25% para artículos de lujo. Además, planea gravar con el mínimo del 4% más alimentos y bebidas y pasar al tipo reducido los servicios básicos de luz, gas y calefacción, ahora encajados en el tipo general.
Bajo el sistema vigente, la recaudación que el Estado obtiene a través de este impuesto indirecto es del 5,5% del PIB, una cifra inferior a la media de los países de la Unión Europea, que alcanza el 7%.
Este déficit recaudatorio en relación al resto de los países de la UE hace que los expertos reclamen una reforma en la estructura del IVA, algo que la Comisión Europea ya ha pedido a España en el pasado. En particular porque esta falta de ingresos se debe especialmente al número de productos y servicios que se encuentran gravados por el tipo reducido o superreducido, más que al fraude.
“Solo el 42% de los productos de la cesta está con el tipo general. La mayoría está en el reducido o superreducido, y eso es algo que no ocurre en ningún países de la Unión Europea”, apunta José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de FEDEA.
Medida impopular
La supresión de los niveles “reducido” y “superreducido” del IVA permitiría al Estado aumentar sus recursos, pero traería consigo una serie de inconvenientes. Un sector tan importante para la economía nacional como es el turismo se vería penalizado al aplicarse esta medida, ya que dejaría de estar exento de gravar sus operaciones con el tipo máximo.
“La elevación del actual tipo reducido del 10% que se aplica a los principales servicios turísticos (hostelería y transporte), hasta los niveles que alcanzaría dicho tipo único, haría que España perdiese competitividad en la actividad turística, que es la que genera la mayor entrada de fondos procedentes del exterior en nuestra economía”, recuerda José Manuel de Bunes Ibarra, socio de Deloitte Abogados y coordinador de la Sección de Impuestos Indirectos de la AEDAF.
La eliminación de los tipos inferiores también sería percibida como un paso atrás en la progresividad del sistema, ya que bienes de primera necesidad, como el pan o la carne, pasarían a tener el mismo IVA que otros elementos más exclusivos.
En contra de esta posición, Conde-Ruiz asegura que este retroceso en la progresividad no sería tan notable como en un principio se cree. Y es que, mediante la inclusión de algunos productos o servicios en tramos de IVA superiores se ganaría en progresividad, al no estar estos al alcance de todos los ciudadanos de forma regular.
“El problema de unificar el IVA es que se piensa que dicha medida iría contra la progresividad del sistema, pero no es cierto. De hecho, cuando se pone el IVA reducido a productos como las flores o en los restaurantes, se va contra la progresividad del sistema. ¿No van Messi o Ronaldo más a los restaurantes que la gente pobre?”, explica este experto.
Por su parte, Alain Cuenca, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, si bien se muestra más partidario de mantener un tipo de IVA reducido, ya que “por supuesto que suprimir los tipos reducidos perjudicaría a los hogares con menos renta, porque consumen bienes de primera necesidad”, coincide en apuntar la necesaria revisión que debe hacerse de ciertos productos y su correspondiente carga indirecta, ya que existen algunos que claramente están fuera del alcance de las rentas más bajas. “Por ejemplo, algunos quesos se han convertido en productos de lujo y todavía tributan al 4%”, recuerda.
Aumento de la renta disponible
De hacerse efectiva la unificación de tipos, Conde- Ruiz defiende una trasferencia directa a las rentas menos pudientes, imitando de este modo el modelo existente en países como Dinamarca. Allí, una elevada fiscalidad en la que solo existe un IVA único del 25% se compensa mediante una efectiva política del gasto, dirigida a proteger a las clases menos pudientes.
“Hay que entender que la redistribución también debe venir por la parte del gasto, que es más efectiva”, señala el experto.
Este aumento de renta disponible para las familias con menores ingresos, unido a la bajada que experimentarían los productos gravados con el actual tipo general, hace pensar a los expertos que el consumo no tendría por qué resentirse.
No obstante, a pesar de que el repunte de la demanda interna es una de las bases de la recuperación económica, los analistas coinciden en advertir que la prioridad actual, por encima del resto de variables, debe ser aumentar los ingresos del Estado para así cuadrar las cuentas públicas.
“No se trata de determinar el nivel de gasto público que debe tener un país, eso es una discusión entre ideologías. Pero una vez se establece un nivel determinado, es necesario una forma para financiarlo”, defiende Conde-Ruiz.
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