1. INTRODUCCIÓN

Entre otras figuras políticas antimonárquicas, habían suscrito El Pacto de San Sebastián, Lerroux, Prieto, Azaña y Alcalá Zamora, que fue nombrado presidente del Comité revolucionario.

Cuando el 14 de abril de 1931 fue proclamada la República, este Comité se convirtió en gobierno provisional, presidido también por Alcalá Zamora, cuyo programa de actuación (reforma agraria, libertad de cultos, respeto a la propiedad privada) estaba basado en las decisiones del Pacto. Inmediatamente, se convocaron elecciones para unas Cortes constituyentes (mediante sufragio universal de los varones mayores de 23 años), ya que el nuevo régimen no podía sustentarse sobre la base de la Constitución de 1876. Antes de celebrarse las elecciones (convocadas para finales de junio) hubo graves problemas de orden público (quema de conventos en Madrid, huelga en la Telefónica, amenazas de la derecha), que obligó a promulgar una Ley de defensa de la República.

2. LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA CONSTITUCIÓN

A lo largo de la campaña para las elecciones se fueron perfilando los distintos partidos políticos, que agruparemos en derechas, centro e izquierdas. Incluiremos también en esta visión de conjunto algunos partidos formados posteriormente.

1. Los partidos de derechas.

Los defensores de la monarquía se hallaban divididos entre carlistas y alfonsinos, lo que mermó sus fuerzas y más aún si tenemos en cuenta que muchos monárquicos se adscribieron a otros partidos de derechas que acataban el régimen republicano.

Los carlistas se agruparon en la Comunión Tradicionalista, de carácter abiertamente antirrepublicano, que reunía a los políticos más conservadores y esgrimía la cuestión de los fueros. Los monárquicos alfonsinos no constituyeron hasta 1933 su partido Renovación Española, del que llegaría a ser dirigente José Calvo Sotelo. Entre estos dos partidos monárquicos actuó de enlace el grupo Acción Española, del que formaba parte Ramiro de Maeztu.

Entre los partidos derechistas que acataron la Constitución se encontraban el Partido Agrario, que aglutinaba a los agricultores medios de Castilla y León, y el Partido Liberal Demócrata, portavoz del mundo financiero. El partido más eficaz de las derechas iba a ser Acción Popular, que contaba con un programa de política social católica, bajo la inspiración del cardenal Herrera Popular pretendía atraerse a la juventud y a las masas obreras frente al socialismo y en 1933 se fundió con la Derecha Regional Valenciana para constituir la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas).

También en 1933 nació Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera, el hijo del Dictador, y fusionada posteriormente con las preexistentes Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas (JONS), constituidas en Valladolid.

Entre los partidos autonomistas se incluye en el grupo de las derechas la Liga Regionalista de Catalunya, cuyo nacimiento a principios de siglo ya conocemos y que en este momento defendía las aspiraciones autonomistas de la alta burguesía catalana, representada por su dirigente Cambó.

2. Los partidos de centro.

Los dos grandes partidos de centro fueron el Partido Radical y el constituido por los republicanos moderados. El Partido Radical de Lerroux tenía unas bases ideológicas muy débiles (anticlericalismo) y una excesiva demagogia que le hizo perder sus mejores hombres. Sin embargo, el partido lerrouxista contaría con suficientes votos para que su jefe pudiera ser presidente del Gobierno en tres ocasiones, aunque inclinándose cada vez más a la derecha.

Entre las figuras del republicanismo moderado se encontraban Miguel Maura, hijo de don Antonio y Niceto Alcalá Zamora, republicanos recientes y fundadores, respectivamente, del Partido Republicano Conservador y del Partido Progresista. Alcalá Zamora, que sería primer Presidente de la República, era un terrateniente andaluz y abogado católico, muy apreciado en los medios políticos moderados del país. Después de haber sido desposeído de su cargo por las Cortes, marchó a Francia y a Argentina, donde murió en 1942.

3. Los partidos de izquierdas.

Entre los partidos de izquierdas destacó Acción Republicana, fundado por Manuel de Azaña, que no quiso adherirse al partido radical de Lerroux y prefirió la colaboración con los socialistas. Posteriormente, este partido pasó a denominarse Izquierda Republicana. Azaña, abogado y escritor de gran prestigio entre los republicanos, llevó a cabo una amplia labor reformista como ministro y jefe de gobierno, pero como presidente de la República se vio desbordado pos las discusiones de partido y el desorden público. Al terminar la guerra pasó a Francia, donde murió en 1940.

Entre los partidos obreristas destaca el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quizás el mejor organizado entre las izquierdas, que contaba con el apoyo de un poderoso sindicato, la UGT. Entre sus figuras más importantes se cuentan Julián Besteiro, Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, secretario general de la UGT.

El Partido Comunista de España tenía todavía muy poca fuerza en 1936, cuando la victoria del Frente Popular le permitirá desarrollarse en el escenario político. Junto con los comunistas, los anarquistas constituían el elemento más extremista de las izquierdas. Por su ideología apolítica, los anarquistas no constituían un partido político, sino que como ya sabemos, se hallaban agrupados en la Federación Anarquista Ibérica (FAI), que intervino en varias acciones violentas. Un dirigente de la CNT, Ángel Pestaña, fundó en 1933 el Partido Sindicalista.

Entre los partidos autonomistas de izquierdas alcanzó gran importancia Esquerra Republicana de Catalunya, dirigido sucesivamente por los dos presidentes de la Generalitat, Macià y Companys, que en su enfrentamiento a la Lliga dieron a la Esquerra un matiz social además de catalanista. Otros partidos regionalistas fueron el Partido Catalanista Republicano y la Organización Regional Gallega Autónoma, cuyo dirigente, Casares Quiroga, se unió a Azaña en Izquierda Republicana. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco comenzó colaborando con los carlistas, pero se fue corriendo hacia la izquierda en consecución de su principal reivindicación: la autonomía.

4. Las elecciones.

Las elecciones para las constituyentes de 1931 alcanzaron una participación del 65 por 100 del electorado y dieron mayoría en los escaños a los socialistas y los republicanos:

 

CUADRO 1________________________________________________________

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESCAÑOS PARLAMENTARIOS EN EL CONGRESO DE DIPUTADOS

ELECCIONES 1931

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partidos                                            nº escaños

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Socialistas                                              117

Radicales                                                  93

Radical-Socialistas                               59

Monárquicos                                           36

Esquerra                                                    32

Acción Republicana                             27

Progresistas                                             27

Partidos de Derechas Agrarios        26

ORGA                                                           16

Agrupación al Servicio de la República  14

Federales e Independientes de Izquierda  14

Vasco-Navarros                                      14

Liberales Demócratas                             6

Lliga                                                                3

TOTAL                                                          484

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Fuente: Tamames, R. “La República. La era de Franco”

5. La Constitución de 1931.

Entre las cuestiones que se discutieron en las Cortes hubo dos que dieron lugar a un mayor apasionamiento: las relaciones Iglesia-Estado y la autonomía de las regiones. Los artículos anticlericales de la Constitución, defendidos por Azaña y por los socialistas, triunfaron a pesar de la oposición de los moderados, por lo que Alcalá Zamora dimitió, haciéndose cargo Azaña del gobierno provisional.

El artículo primero de la Constitución, aprobada en diciembre de 1931, exponía sus principios básicos: “España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones”.

Lo que podríamos llamar declaración de derechos de los españoles incluía: libertad religiosa, de expresión, reunión, asociación y petición, el derecho de libre residencia y de circulación y de elección de profesión, inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Por otro lado, se suprimía todo privilegio de clase social y de riqueza, lo que equivalía a anular la nobleza como entidad jurídica. Se apuntaba también la posibilidad de socialización de la propiedad y de los principales servicios públicos, aunque en definitiva los proyectos de nacionalización de la tierra, las minas, los bancos y los ferrocarriles nunca se llevaron a cabo.

En cuanto a las Cortes, quedaban constituidas en un único Congreso de diputados, elegidos para cuatro años por sufragio universal, incluso femenino. Además de sus funciones legislativas y de apoyo al ejecutivo, las Cortes debían elegir, conjuntamente con un número de compromisarios igual al de diputados, elegidos por sufragio universal, al presidente de la República, con un mandato de seis años.

3. EL ENFRENTAMIENTO CON LOS PROBLEMAS POR PARTE DE LA REPÚBLICA DE IZQUIERDAS.

La Constitución había resultado un triunfo de los republicanos de izquierda, dirigidos por Azaña, y de los socialistas. Por ello, fueron estos dos grupos quienes iniciaron la labor de poner en marcha la República, aunque las Cortes nombraron presidente a Alcalá Zamora, quien confirmó en la jefatura del gobierno a Azaña.

Durante dos años, hasta fines de 1933, azañistas y socialistas intentaron encontrar solución a los principales problemas del país, pero el problema religioso agrandó la separación entre derechas y izquierdas, mientras los partidos en el poder se veían atacados desde la derecha porque pretendían hacer demasiadas reformas (pronunciamiento fracasado del general Sanjurjo en agosto de 1932) y desde la izquierda, que los acusaba de hacerlas con demasiada lentitud (movimiento revolucionario anarquista de la zona industrial del Llobregat en enero de 1932). Los problemas a que se enfrentó la república de izquierdas son fundamentalmente el religioso, militar, social, agrario, y los de la enseñanza y la cultura.

1. El problema religioso.

La cuestión religiosa, que ya había originado graves conflictos durante el reinado de Alfonso XIII, se agravó durante este período. Aunque la fuerza del anticlericalismo era muy grande, también el catolicismo seguía arraigado en amplios núcleos de la población. En relación con la separación Iglesia-Estado, se promulgó la extinción en dos años del presupuesto del clero y culto y el sometimiento de las órdenes religiosas a una ley especial.

A lo largo de 1932 y 1933 se fueron promulgando una serie de leyes y decretos complementarios: disolución de la Compañía de Jesús y confiscación de sus bienes; matrimonio civil, divorcio y secularización de cementerios; prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas. Esto último fue un gran fallo de previsión, puesto que el Estado no contaba con aulas ni profesores ni con medios para hacerse cargo de toda la enseñanza del país.

Todo esto significó una situación de constante oposición entre la Iglesia y la República, como quedó bien patente con la expulsión del país del cardenal Segura, primado de España, por su actitud abiertamente antirrepublicana.

Nada de esto pudo acabar con la fuerza interna de la Iglesia, que intervino en el juego político a través de Acción Popular.

2. El problema militar.

El ejército, que se había mostrado abiertamente monárquico durante la crisis de 1917, podía representar un peligro para el régimen republicano. Así opinaba Azaña, quien durante su jefatura de gobierno desempeñaba la cartera el Ministerio de la Guerra y era partidario de llegar a conseguir un régimen político desmilitarizado.

El ejército español adolecía en este momento de un exceso de oficialidad (más de 20.000 oficiales para 100.000 hombres) y de material escaso y anticuado, aunque el ejército de África estaba más modernizado y su oficialidad estaba técnicamente más preparada.

Azaña decidió llevar a cabo rápidamente una depuración pacífica del ejército: la llamada “Ley Azaña” (abril de 1931) admitía el retiro, con el sueldo íntegro, de todos los generales y oficiales que no quisieran prestar juramento de fidelidad a la República. Casi la mitad de los posibles beneficiarios se acogieron a la Ley, con lo cual se resolvió el problema del exceso de oficialidad y la República se aseguraba la lealtad del ejército.

Algunas disposiciones complementarias tendieron a continuar la “republicanización del ejército”: régimen de reclutamiento, posibilidades de ascenso, cierre de la Academia militar de Zaragoza, desmilitarización de Marruecos, que pasó a depender de la administración civil. Sin embargo, en el ejército siguió existiendo un foco antirrepublicano, como demostró el pronunciamiento de Sanjurjo y la creación de un organismo secreto, Unión Militar Española, ante la posición antimilitarista del gobierno.

3. El problema regional.

La cuestión de la diversidad nacional dentro de España fue uno de los primeros problemas que tuvo que plantearse la República, pues en Barcelona la República había sido proclamada horas antes que en Madrid por Macià, dirigente de la Esquerra y del “Estat Català”, crisis que fue resuelta por dos ministros catalanes del gobierno provisional.

La Constitución mencionaba la posibilidad de conceder autonomía a las regiones que lo solicitasen y, celebrado un plebiscito en Catalunya, sobre el proyecto de un estatuto regional, fue favorable en más del 90 por 100.

Así pues, se inició en las Cortes el estudio de esta cuestión, que se alargó durante casi todo el año 1932 y fue muy debatido por la fuerza que poseían los partidarios del Estado unitario, a pesar de que Azaña era gran defensor del proyecto. El pronunciamiento de Sanjurjo contribuyó a reforzar la posición de las izquierdas y esto favoreció la aprobación con alguna modificación del Estatuto de Catalunya por las Cortes en septiembre.

Mediante el Estatuto, Catalunya se convertía en región autónoma, que sería regida por un gobierno propio, la Generalitat, formada por un presidente, un parlamento y un consejo ejecutivo. La Generalitat tendría facultades legislativas y ejecutivas en hacienda, economía, educación y cultura, transportes y comunicaciones, y el gobierno de la República se encargaría de las relaciones exteriores, el orden público y el ejército. Catalán y castellano serían los idiomas oficiales de Catalunya. Macià fue elegido presidente de la Generalitat, siendo sustituido a su muerte por Lluís Companys, hasta entonces presidente del parlamento.

En el País Vasco y Navarra también tenía mucha fuerza el movimiento autonomista, pero estas regiones estaban preocupadas al mismo tiempo por conservar lo que quedaba de sus antiguos fueros. El carácter fuertemente confesional del Partido Nacionalista Vasco dificultó las conversaciones con el gobierno de izquierdas sobre el futuro estatuto de Euskadi, que no llegó a ser aprobado hasta 1936.

Otras regiones (Aragón, Castilla la Vieja-León, Valencia, Galicia, Baleares, Andalucía) iniciaron también estudios y proyectos para conseguir su autonomía, pero no llegaron a realizarse.

4. El problema social.

Recordemos los puntos esenciales de la situación económica de la España republicana: incidencia de la crisis económica mundial de 1929 que repercute en la disminución de la producción minera y en el estancamiento de la industria textil y siderúrgica. De ahí que el paro obrero constituya uno de los elementos dominantes del panorama social entre 1931 y 1936:

 

CUADRO 2________________________________________________________

 

EVOLUCIÓN DEL PARO FORZOSO EN ESPAÑA 1932-1936

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1932 (I)                                   389.000

1932 (VI)                                 446.263

1933 (XII)                                618.947

1934 (XII)                                667.898

1935 (XII)                                674.161

1936 (VI)                                 801.322

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Fuente: Tamames, R. “La República. La era de Franco”

La legislación laboral alcanzó gran amplitud durante los dos primeros años de la República, siendo ministro de Trabajo el socialista Largo Caballero: leyes de jornada máxima, de contratación laboral, de jurados mixtos, de accidentes en la agricultura, regulación del derecho a la huelga.

Seguía una línea única. En los socialistas de la UGT se advierten dos tendencias: un grupo desea mantener un socialismo “académico”, con un desarrollo social pausado, mientras otros eran partidarios de un proceso rápido, temerosos de los progresos de la CNT, pero no del comunismo, cuyo ámbito de acción era aún reducido. En la práctica, el socialismo sólo presentó una actitud de oposición violenta durante el bienio derechista. En cuanto al anarquismo, se advierten también dos tendencias: la que se negaba a aceptar ningún tipo de programa y la sindicalista, postulada por Ángel Pestaña y Juan Peiró. En general, la oposición anarquista a la República fue muy violenta, por medio de huelgas y sabotajes.

 

CUADRO 3________________________________________________________

HUELGAS EN ESPAÑA (1931-1935)

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Años     Número de huelgas       Número de obrero           Total de la

declaradas en el año     huelguistas       empresa          jornadas perdidas

1931            734                         236.177                287.711                3.843.260

1932            681                         269.104                443.512                3.589.473

1933          1.127                        843.303              937.368               14.440.629

1934            594                         741.878                                                  11.115.318

1935            164                           32.800

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Fuente: Tamames, R. “La República. La era de Franco”

5. El problema agrario.

Junto con la autonomía de Catalunya, la cuestión de la reforma agraria fue el otro gran problema vigente desde el primer momento de proclamación de la República, discutido por las Cortes a lo largo de 1932 y aprobado también como contestación al pronunciamiento de Sanjurjo. El gobierno provisional promulgó durante 1931 varios decretos, encaminados a evitar una posible insurrección en el campo y a preparar la reforma agraria (congelación de arrendamientos, jornada laboral de ocho horas, métodos de contratación de trabajadores).

La ley establecía la expropiación con indemnización de las grandes fincas que no fuesen directamente cultivadas por sus dueños, así como las incultas y las de regadío no regadas, para ser repartidas entre familias de campesinos o entre colectividades de agricultores. Las tierras de la nobleza y las de los que habían participado en el levantamiento del general Sanjurjo fueron confiscadas sin indemnización.

Para llevar a cabo la redistribución de las tierras se creó el Instituto de Reforma Agraria, del que dependían las juntas provinciales y las comunidades de campesinos. Se otorgó al Instituto un crédito anual de 50 millones de pesetas y se proyectó asentar anualmente de 60 a 75 mil campesinos.

El mecanismo de actuación sería el siguiente: las tierras expropiadas o confiscadas pasaban a ser propiedad del Instituto, que las transfería a las juntas provinciales, que a su vez las entregaban a las comunidades de campesinos, para su explotación colectiva o individual, según hubiesen decidido previamente los campesinos. Los problemas que se presentaron para la realización de esta labor fueron numerosos y graves, sin contar con la oposición de los terratenientes expropiados o confiscados: el carácter excesivamente burocrático del Instituto, la falta de datos para conocer las tierras pertenecientes a un mismo dueño, la falta de estudios previos sobre calidad y rendimientos de la tierra, la exclusión de las tierras de pastos, con las que se marginaba la ganadería. En definitiva, en vez de los 60.000 campesinos asentados anualmente que se había proyectado, después de dos años de actuación del Instituto apenas se habían rebasado los 12.000, y lo que había sido una reforma esperada con tanta ansiedad, se convirtió en una cuestión embrollada, muy difícil de solucionar.

6. El problema de la enseñanza y de la cultura.

En el campo de la educación, el problema básico con el que tuvo que enfrentarse la República fue el elevado índice de analfabetismo (superior al 30 por 100) y la falta de escolaridad de casi la mitad de la población infantil. Los proyectos iniciales de creación de aulas se vieron frenados por falta de presupuestos, a pesar de lo cual en dos años se crearon más de 13.000, junto a las 35.000 que ya existían. Esta labor resultó, sin embargo, frenada a consecuencia de la política anticlerical, que pretendió suprimir la enseñanza por religiosos antes de poseer aulas y maestros seglares en número suficiente.

Hubo interesantes proyectos en el campo educacional, contando con el antecedente de la labor de la Institución Libre de Enseñanza y la Junta de Ampliación de Estudios (modernización de la universidad, ampliación de los centros y alumnos de bachillerato) e importantes realizaciones en el campo cultural (bibliotecas ambulantes, misiones pedagógicas).

7. Crisis en la república de izquierdas.

A pesar de los logros de la República durante sus dos años de vida, a mediados de 1933 eran evidentes algunos síntomas de inestabilidad, pues ninguno de los problemas abordados había sido resuelto a fondo. Especialmente conflictiva era la cuestión de la reforma agraria, cuya lentitud dio lugar a algunos levantamientos de matiz anarquista, como el que tuvo lugar en Casas Viejas (Cádiz), cuya dura represión hizo tambalear al gobierno de Azaña, mientras los radicales iniciaban su elaboración de la CEDA. En septiembre de 1933 Azaña dimitió, a causa de la oposición parlamentaria, y Alcalá Zamora decidió convocar nuevas elecciones. La crisis parecía demostrar que la alianza de azañistas y socialistas no había dado resultado, por lo que se planteaba la posibilidad de cambiar el rumbo de la política española.