Después del rotundo éxito de la Revolución de 1854, cuando Espartero entró triunfante por las puertas de Madrid, se inició un breve periodo histórico en el cual, el Partido Progresista pretendió una reforma del sistema político de Isabel II.
Dos días después de la gloriosa entrada de Espartero, tres decepciones precedieron la promesa de convocar elecciones a Cortes Constituyentes –entre las que se encuentra el hecho de dejar impune y sin juicio a María Cristina de Borbón y, simplemente, ser expulsada-. Al aumentar el número de votantes de 100.000 a 500.000, hubo una victoria aplastante por una coalición formada por los puritanos y los progresistas, obteniendo 240 escaños.
España padeció una crisis de subsistencias debido a la alta exportación y aumento debido a la Guerra de Crimea. Seguido de una plaga de Cólera que acechó España durante 2 años. Esta situación provocó revueltas, cuya consecuencia fue la respuesta del gobierno que consistía en rebajar los impuestos de los consumos durante un tiempo y recurrir a la milicia para reprimirlos. A principios de 1856 cuando el gobierno restableció los consumos, a causa de los graves problemas que atravesaba la Hacienda Pública, los motines de subsistencias se multiplicaron exponencialmente. La solución planteada por el gobierno fue la Desamortización de Madoz. Por otra parte, la Ley de Ferrocarriles fue aplicada por el gobierno, garantizando grandes beneficios y privilegios a los inversores en la construcción de ferrocarriles. Logrando un paso más hacia adelante en la industrialización del país.
La conflictividad social que se vivió en los primeros meses de 1856 -motines de subsistencias, motines de quintas…- fue aprovechada por el general O’Donnell para acabar con el gobierno progresista del general Baldomero Espartero en el que él era ministro de la Guerra, y que estaba en el poder desde el inicio del bienio progresista. El general aseguró en sus discursos populistas que los movimientos reivindicativos eran crímenes que atacaban contra la propiedad y la familia. Éste sugirió la represión a cargo del Ejército. Para cuando Espartero se dio cuenta de las medidas tomadas por O’Donnell, los militares sometían al pueblo a represiones extremas con consejos de guerra y ejecuciones. Tras serle sugerida la destitución de O’Donnell, también se enteró gracias al mismo consejero –Escosura- que O’Donnell conspiraba contra él y estaba detrás de los motines de subsistencias.
Entonces O’Donnell forzó la situación enfrentándose con el ministro de la Gobernación, Pratricio de la Escosura. El conflicto fue planteado a la reina quien respaldó a O’Donnel y seguidamente, fue presentada la dimisión de Escosura y la del mismísimo Espartero, que presentó la suya al sentirse desautorizado por Isabel II. A continuación la reina nombró nuevo presidente del gobierno al general O’Donnell, que así logró su objetivo de acabar con el bienio progresista. Su nombramiento fue acompañado de la declaración del estado de guerra en toda España, en previsión de las revueltas de los progresistas y de la reacción de Espartero. Además el golpe contrarrevolucionario se había producido cuando las Cortes habían iniciado las vacaciones de verano desde el 1 de julio, habiendo dejado pendiente de la sanción real la nueva Constitución española del 1856 que ya estaba terminada.
La primera reacción fue el intento de censura del nuevo gobierno por parte de los diputados, cosa que terminó en suspense a la espera de respuesta de Espartero. Cosa que anunció su retirada. La propia Milicia Nacional de Madrid estaba a la espera del regreso a la dirección de Espartero pero su negación a asumir el cargo puso en peligro el reinado de Isabel II. Para la mañana del 16 de julio, la resistencia se había desvanecido; la disolución del Ayuntamiento y la Diputación de Madrid junto a la entrega de armas por parte de la Milicia fueron los resultados. La rebelión prosiguió unos días más en Barcelona.
Una vez reprimidos todos los movimientos de resistencia y retirado Espartero de combate, el gobierno de O’Donnell decretó la supresión de la Milicia Nacional, destituyó ayuntamientos y diputaciones.
El 2 de septiembre de 1856 declaraba cerradas definitivamente por Real Decreto las Cortes Constituyentes, cuando aún no se había proclamado la Constitución. Finalmente, por otro Real Decreto, se restablecía la Constitución del 1945 modificada con un Acta Adicional que liberalizaba su contenido. Fue el final del bienio progresista.