La depuració de les aigües residuals és una assignatura pendent a Espanya. De fet, la UE manté oberts un total de cinc grans procediments contra Espanya per la insuficient depuració de les seves aigües residuals. Un d’aquests procediments ha acabat en una multa milionària.
El Ministeri admet que més de 500 aglomeracions urbanes no tenen tractament adequat, i destinarà part dels fons de recuperació a resoldre aquestes mancances.
Al menos, el 18% de las estaciones depuradoras de aguas residuales de las costas españolas presentan carencias o efectúan un deficiente saneamiento de los caudales que son tratados antes de ser vertidos al dominio público hidráulico o marítimo. Así lo indica un informe de Ecologistas en Acción que ha evaluado por primer vez el funcionamiento y el grado de depuración de las aguas grises en el litoral. La cifra de estaciones depuradoras con deficiencias podría ser mucho mayor si se tiene en cuenta que los autores del estudio no consiguieron toda la información requerida.
El estudio evaluó el funcionamiento en 2019 de un total de 288 estaciones depuradoras del litoral, de las cuales un 50% (144) no presentaban ningún tipo de insuficiencia ni incumplimiento, ni en los parámetros analizados ni en los datos facilitados. Sin embargo, un 18% de estas estaciones (en 51 de ellas) incumplen uno dos o los tres parámetros característicos del vertido o muestran una insuficiente depuración.
Asimismo, en un 32% de los casos (93 depuradoras), los datos proporcionados son insuficientes o incompletos.
El documento analiza los distintos parámetros de contaminación exigidos por la normativa europea (sólidos y partículas en suspensión, demanda bioquímica de oxígeno…) para las aglomeraciones urbanas superiores a los 2.000 habitantes equivalentes.
Pero este estudio es incompleto, admiten los autores del informe.
Hay municipios actualmente sin estaciones depuradoras en funcionamiento y que, por tanto, vierten las aguas al medio sin depurar (por ejemplo, Gijón Este), por lo que no han quedado reflejadas en el análisis de este estudio.
Y, por otra parte, no quedan reflejados los vertidos de aguas residuales que se producen en episodios de lluvias torrenciales en los que las depuradoras no absorben todas estas aguas y éstas salen por los aliviaderos, con lo que se pierde información muy valiosa de los momentos en que no se han realizado muestreos.
No son extraños los episodios en que -como ocurre repetidamente frente a la desembocadura del Besós, en Barcelona- los bañistas detectan “aguas marrones”, lo cual ha sido relacionado con la rotura del emisario o carencias de los sistemas de saneamiento, todo lo cual lleva a los ciudadanos a pensar que están pagando una tasa por un servicio deficiente o inexistente.
Mejorar la información
Los autores del informe han hecho esta evaluación a partir de las informaciones transmitidas por las comunidades autonómicas (que son las que periódicamente deben recabar esta información y enviarla a la Comisión Europea); pero se quejan del insuficiente nivel de transparencia, pues no consiguieron -con el nivel de detalle requerido- los datos completos de otras 116 depuradoras, pues reclamaban los datos mensuales y no las medias anuales que arrojaban las depuradoras.
“Este primer informe es una llamada de atención a las administraciones de dos maneras: la primera es una exigencia para que las estaciones depuradoras cumplan las normativas y la segunda es una solicitud de transparencia que permita a la ciudadanía tener acceso a dicha información de una forma clara y sencilla”, señala Clara Megías, coordinadora del informe y portavoz de Ecologistas en Acción.
Más 500 aglomeraciones urbanas sin tratamiento adecuado
La depuración de las aguas residuales es una asignatura pendiente en España. De hecho, la UE mantiene abiertos un total de cinco grandes procedimientos contra España por la insuficiente depuración de sus aguas residuales. Uno de estos procedimientos ha acabado en una multa millonaria. “Ahora España está pagando 20 millones de euros por no haber hecho nuestros deberes en los últimos años; y vamos a intentar que esta multa vaya desapareciendo en los próximos años”, declaró la semana pasada el director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, Teodoro Estrella.
España contabiliza, además, “más 500 aglomeraciones urbanas que no tienen tratamientos secundarios” necesarios para cumplir las normas europeas, ya sea porque las depuradoras no funcionan debidamente o porque éstas se han quedado pequeñas para cubrir las necesidades; “todo lo cual hace que no estén funcionando con los requerimientos de las directivas europeas y la legislación española”, señaló Estrela.
Plan de recuperación
Para cubrir todas estas carencias, el Gobierno tiene previsto destinar un total de 1.700 millones del plan de recuperación a las actuaciones en materia de agua. De esa suma, 800 millones se destinarán a la recuperación de ríos, acuíferos y protección contra las avenidas, y otros 650 millones a la depuración, saneamiento y reutilización del agua. Otra partida de 250 millones irá a la modernización de la Administración hidráulica (control de caudales ecológicos, sensores, registros electrónicos…).
El Ministerio para la Transición Ecológica lanzará un plan específico de saneamiento y depuración de aguas para poblaciones de menos de 5.000 habitantes que no cumplan con la directiva europea de aguas residuales, que se prevé aprobar “en uno o dos meses”.
Con este plan, el Ministerio pretende dar también financiación a las comunidades autónomas para que saquen convocatorias con el objetivo de solventar este problema. “Tenemos un problema importante de saneamiento y depuración”, reconoció Estrela.
Anuncio de la ministra Teresa Ribera
En seis años, 7000 millones
España destinará 7.000 millones de euros en seis años para conservar las masas de agua, aumentar la protección ante las inundaciones e impulsar el saneamiento, la depuración y la reutilización, según ha anunciado la vicepresidenta cuarta y ministra Teresa Ribera, en el marco del Día del Agua.
La responsable del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha asegurado que “para garantizar el acceso de la siguiente generación a los recursos hídricos”, se destinaran 7.000 millones “procedentes de los Presupuestos Generales del Estado” en un programa de medidas y prioridades “congruentes con el desarrollo sostenible y la economía circular del agua” durante los próximos seis años.
El programa de recuperación contribuirá “de manera importante” a esta cuantía, al constituirse en un “plan de inversiones alineado con los principios del Pacto Verde Europeo”.
Las líneas estratégicas más importantes a seguir serán la consecución de “actuaciones asociadas al nuevo ciclo de planificación hidrológica; la protección de las aguas y la gestión correcta de los riesgos ambientales y la mejora de la gestión del dominio público hidráulico y la seguridad hídrica”, según la ministra.
Además, las reformas e inversiones del plan permitirán abordar “la restauración de acuíferos y combatir la contaminación y las especies invasoras”, factores clave para “evitar la pérdida de biodiversidad”.
Otras prioridades serán la prevención ante crecidas e inundaciones, una “necesidad a la que dedicaremos alrededor de 800 millones de euros”, y la consecución de un buen estado ecológico de los ríos de acuerdo con lo establecido en la directiva marco del Agua, para lo cual se destinará “una inversión de 225 millones de euros”
El plan también incluye medidas para “reducir la extracción de agua subterránea a través de la búsqueda de recursos alternativos” por valor de 350 millones de euros, así como la aplicación de “soluciones de contención basadas en la Naturaleza para impulsar el desarrollo del medio rural”, con una financiación de otros 250 millones de euros.
Sin embargo, la protección de las masas de agua “no se conseguirá sin un definitivo impulso al saneamiento, la depuración y la reutilización”, según Ribera, por lo que se destinará a este área una inyección de 650 millones de euros.
Este mismo año “se pondrá en marcha un plan de saneamiento y depuración para pequeñas aglomeraciones urbanas con una dotación de 100 millones”, una decisión que Ribera ha adelantado tomará en breve el Consejo de Ministros, cuyo objetivo es contribuir además a revertir la despoblación acumulada durante decenios en la España interior.
Además, “necesitaremos acceso a información que permita invertir bien hoy y en el futuro, por lo que se destinarán 250 millones de euros para la digitalización de la gestión del agua”, empleando sistemas automáticos más modernos y drones.
Mientras tanto, el tercer ciclo de planificación hidrológica para el periodo 2021-2027 se someterá a información pública el mes de, de manera que está previsto que sea aprobado la primavera de 2022.
