Quan la sequera només és la punta de l’iceberg de l’escassetat d’aigua a Espanya

La manca de precipitacions durant la tardor ha deixat els embassaments al 44% de la capacitat. La sequera empaita Espanya, però no tot té a veure amb la pluja. L’expansió del regadiu i les mesures com l’amnistia de mil hectàrees de cultius il·legals a Doñana són un exemple de les deficiències en la gestió hídrica d’Espanya. Tot suma.

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El otoño, datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha sido más seco de lo normal con más de un 30% de precipitaciones menos que la media histórica. Las imágenes de embalses secos y agrietados, estampa típica de verano, se hacen recurrentes en invierno y arrojan fuerza y drama a los datos oficiales: los pantanos están al 44,3% de su capacidad, según la última actualización semanal del Ministerio para la Transición Ecológica. A estas alturas del año anterior, las reservas estaban a más del 52%.

La sequedad que ha marcado los cuatro últimos meses ha sido imprescindible para desencadenar esta situación y, según las previsiones de la Aemet, hay un 50% de probabilidades de que la primavera tenga menos precipitaciones de lo normal. El drama, no en vano, está condicionado también por la gestión hidrológica, tal y como denuncian algunos expertos. “Hay que fijarse no sólo en la cantidad de lluvia que tenemos, que es verdad que es cada vez más baja, sino también en la cantidad de agua que consumimos y la forma en la que lo hacemos”, indica Julia Martínez, doctora en biología y directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA).

Se refiere la experta al peso que tienen actividades concretas, como la agricultura intensiva, en el manejo de este recurso tan preciado. Aunque en cada cuenca hidrográfica el porcentaje puede variar, el 80% del consumo de agua del país tiene que ver con la demanda de los regadíos agrarios, según los últimos planes hidrográficos. “De cada 100 litros, 80 se los lleva el regadío”, apostilla Martínez, que señala que este modelo tiene riesgos de “agravar” las consecuencias de sequías como la actual. “Es importante entender que el cambio climático deja una tendencia de una menor disponibilidad de recursos hídricos y debemos adaptarnos a ello” dice. “La última gran sequía que tuvimos, la de 2017, ya dejó evidencias de los problemas que tiene este modelo de gestión, con embalses muy vacíos en lugares donde curiosamente no había habido una falta destacada de lluvias”.

Julio Barea, doctor en Geología, experto en hidrogeología y portavoz de Greenpeace, denuncia la mala previsión de las cuencas hidrográficas. “Este otoño, pese a que ha llovido muy por debajo de la media, se ha seguido regando  como si no hubiera un mañana. No hablo sólo de cultivos de regadío, también se ha destinado mucha agua a plantaciones intensivas de olivo, que son de secano, y esto es un problema. Con las previsiones que teníamos se deberían de haber empezado a cortar algunos riegos y a establecer riegos de socorro en algunos puntos del Guadiana, el Guadalquivir o del Segura”, reflexiona el experto ecologista. “Debemos adaptar nuestra agricultura a la coyuntura de cambio climático”.

En algunos puntos del mapa, no obstante, algunos organismos ya están empezando a tomar medidas para impedir que la situación termine afectando al abastecimiento esencial de la población. La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha anunciado esta semana que se establecerán límites para el regadío en algunos puntos de Castilla-La Mancha y Extremadura, al estar los embalses de estas zonas al 30% de su capacidad.

En este punto, entran en juego otros aspectos que tienen que ver con el expolio de agua y su impunidad. Greenpeace calcula que en España hay en torno a un millón de puntos para extracción de regadío ilegal. “El Ministerio no hace nada ante esto”, dice Barea. En Doñana, el Mar Menor y las Tablas de Daimiel, tres puntos emblemáticos de la hidrografía española afectados por la presión agropecuaria, hay al menos 51.000 hectáreas de cultivos de regadío ilegal que menguan las masas de agua del entorno, según los datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). En el caso del parque de Doñana, las medidas políticas emprendidas en la última semana contrastan con la crisis de escasez que vive la península ibérica, pues la Junta de Andalucía ha aprobado, pese al rechazo del Ministerio de Transición Ecológica y de la Comisión Europea, una amnistía para legalizar más de 1.500 hectáreas de regadío ilegal.

Pedro Arrojo, profesor de la Universidad de Zaragoza y relator de la ONU sobre Agua y Saneamiento, denuncia la sobreexplotación de las masas de agua de España, superficiales y subterráneas, por causa de la expansión agraria y el desarrollo urbano. “La disminución de los caudales de los acuíferos es del 24% y en el caso de los ríos, de hasta el 40%”, dice el experto, que cita datos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). “No se trata de un problema de trasvases, sino de planificación. Puedes tener un trasvase pero si llega la sequía a la cuenca ofertante y se queda también sin agua, ¿qué pasa? Debemos planificar nuestros recursos hidrológicos de una forma que no incremente el regadío, que amortigüe los impactos del cambio climático y que disminuya la vulnerabilidad de la sociedad”.

La directora de la FNCA reclama un cambio en la gestión de los usos del agua y cita a la propia Ley de Aguas, que ya establece el abastecimiento humano y la sostenibilidad de los caudales naturales como prioridad en momentos de carencia. “A la hora de priorizar el uso agrario, hay que separar los regadíos históricos, que llevan siglos funcionando y que tienen un valor ambiental importarte, de los regadíos intensivos. Los primeros deben conservarse, pero están amenazados. Los segundos son los que se siguen expandiendo en algunas zonas del Segura [Mar Menor] o del Guadalquivir [Doñana], generando impactos ambientales importantes que repercuten en el consumo humano”, indica, en referencia no sólo al descenso de los niveles de los acuíferos, sino a la contaminación derivada de los vertidos agrarios. Este asunto ha llevado a Bruselas a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El futuro de España pasa actualmente por los Planes Hidrológicos del tercer ciclo de planificación (2022-2027). Estos, sin embargo, dejan la puerta abierta a la expansión agraria y a proyectos de recrecimientos de embalses y represas que han suscitado dudas y generado críticas dentro de los colectivos ecologistas. “Tenemos que adaptarnos nuestros cultivos y nuestra gestión al cambio climático. Al final, nos salvarán las lluvias en primavera, pero llegará un día en que la tendencia cambie y nos encontremos con una gran sequía”, denuncia Barea.