Els límits de les macrogranges i la manca d’una classificació clara entre ramaderia extensiva i intensiva

Els ambientalistes denuncien que no hi ha prou inspeccions per controlar les explotacions intensives, mentre que altres experts apunten a la necessitat de diferenciar els productes de la ramaderia extensiva al mercat.

https://www.newtral.es/inspeccion-macrogranjas-controles-supervision-ambientalistas/20220112/

En medio de la polémica sobre las macrogranjas, el ministro de Agricultura, Luis Planas, defendió la calidad de la carne que se produce en España y aseguró que está sometida a “altísimos” estándares de calidad, pero advierte que la sostenibilidad pasa por poner un tope al número de cabezas de ganado que puede haber en cada una de las explotaciones ganaderas, como explicó durante una entrevista en el programa de radio Más de uno.

El Gobierno ha llevado a cabo un proyecto de real decreto en el que limita las granjas de vacuno a un máximo de 850 animales. También lo han hecho comunidades como Aragón (con un proyecto de ley que limita el tamaño de las explotaciones ganaderas intensivas), Castilla-La Mancha (con el anuncio de una moratoria que prohíbe construir de nuevas macrogranjas) o Navarra (que prohíbe la construcción o ampliación de explotaciones con más de 1.250 unidades de vacuno), que han tomado medidas en esta dirección.

Sin embargo, para algunos expertos el problema no es tanto el tamaño de las explotaciones como la falta de diferenciación entre ganadería intensiva y extensiva, y esto, dicen, está perjudicando a los últimos.

[El debate sobre la ganadería intensiva y las macrogranjas en cinco datos]

Las comunidades buscan regular el tamaño sin fijarse en el modelo de producción

La palabra macrogranjas ha estado en la boca de decenas de políticos en la última semana, pero no existe una definición oficial de este tipo de ganadería ni tampoco hay una clasificación entre lo que se considera ganadería intensiva y extensiva, salvo en el caso del porcino.

Aunque algunas comunidades autónomas han comenzado a poner la mira en establecer límites al número de animales que puede haber en cada instalación, para los expertos la diferenciación no pasa tanto por el tamaño de la explotación, sino por la forma de producir. Por ejemplo, si hay alimentación natural a través del pastoreo (ganadería extensiva) o si se produce en espacios cerrados a través de piensos (ganadería intensiva o industrial), entre otros.

Para Vicente Rodríguez-Estévez, profesor de Producción Animal de la Universidad de Córdoba, hay dos problemas principales. Por un lado, la normativa se aplica por igual a todas las explotaciones, sometiendo a una “asfixia burocrática” a la ganadería extensiva, que obliga a un pastor o a un pequeño ganadero a cumplir con los mismos requisitos que una gran empresa.

La posibilidad de que el consumidor pueda elegir entre un modelo u otro

Pero el principal problema, señala Rodríguez-Estévez, es que esa falta de definición no permite al consumidor elegir el producto que quiere apoyar. “España es una potencia ganadera, tanto en intensiva como en extensiva, y el propio sector es el primer interesado en que haya unas inspecciones rigurosas. La pieza principal es que el consumidor, cuando llega al lineal, no tiene posibilidad de saber de dónde viene el producto que va a comprar. Técnicamente se puede, porque todo tiene una trazabilidad y unos controles, pero cuando va a comprar un filete de ternera, el consumidor no sabe distinguir si viene de un cebo a pastos en la propia finca o habiéndose criado en el campo pasando por un cebadero, y eso es importante porque la información da confianza; pero otra cuestión clave es lo que quiere el consumidor y otra lo que paga el mercado, así que hace falta información y formación”, explica.

Alberto Michelena, director de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA), coincide en que los estándares no deben estar diseñados en función de la cantidad de animales que albergue cada instalación, sino en el riesgo ambiental que suponen.

“Las regulaciones están más orientadas hacia la ganadería industrial, porque es la que más riesgos supone. Los estándares los tienen que cumplir todas, no están pensados para cumplirse a partir de un número de cabezas de ganado, sino por el factor riesgo. En una granja de bovinos a partir de 200 unidades, el riesgo medioambiental es muy distinto”, explica. En cualquier caso, Michelena advierte que esos estándares son “de mínimos”.

El ambientalista también coincide en que el problema es que la ganadería extensiva no tiene herramientas para diferenciar sus productos y su modo de producir en el mercado. “El consumidor tiene una sensibilidad hacia la ganadería extensiva por una cuestión ambiental y también rural, hacia la España vaciada y el arraigo que genera, pero estas características no se ven en el mercado y se las está apropiando el sector intensivo, pese a que es parte del derecho a la información que tiene el consumidor”.

Los ambientalistas denuncian que no hay suficientes inspecciones para controlar las explotaciones intensivas

“La industria dice que las normativas sanitarias y de bienestar animal –que ya de por sí son muy laxas– se cumplen, la realidad es que no existen mecanismos de control”, asegura Elisa Oteros de Ecologistas en Acción a Newtral.es. La experta en ganadería extensiva e industrial comenta que “hay tantas explotaciones intensivas grandes e intermedias que no hay suficientes recursos en la Administración Pública para hacer un control real de los residuos (como la gestión de los purines) o del bienestar animal”.

Sobre este asunto opina lo mismo Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, que comenta a Newtral.es que «no hay mucha plantilla para llevar a cabo las inspecciones frente a todas las granjas que hay”. “Siempre ha habido quejas en este aspecto», añade.

De hecho, ambos expertos coinciden en que “hay una trampa en el sistema”. A partir de cierto número de animales, las explotaciones deben tener evaluaciones de control ambiental más estrictas. Esto hace que, según Oteros, las grandes empresas de ganadería industrial dividan sus explotaciones. “Por ejemplo, puede que haya comarcas en las que no haya una macrogranja pero sí cerca de 40 explotaciones de porcino industrial”, comenta la experta.

Oteros alega que estas divisiones que crean explotaciones de tamaño intermedio tienen los mismos problemas que las macrogranjas: animales concentrados y el mismo impacto ambiental. “Sigue siendo la misma empresa y sigue siendo ganadería intensiva e industrial y siguen siendo granjas de gran tamaño, pero menor que una macrogranja. De hecho, ambientalmente utilizan la misma cantidad de agua, contaminan el mismo aire, entonces ambientalmente sí es una macrogranja aunque sean 14 o 30 o 40 explotaciones”, señala.

A esto se le suma, comenta, la dificultad de ejercer controles e inspecciones. “¿Qué es mejor, tener una macrogranja que puedes controlar como Administración Pública o tener 30 o 40 granjas intermedias que son muchísimo más difíciles de inspeccionar y necesitan más recursos? Esta es la estrategia que está utilizando la industria”, denuncia Oteros.

Sobre este tema, Guzmán explica que «da igual que haya 6.000 granjas de 2.000 cerdos que 12.000 granjas de 1.000 cerdos», el impacto va a ser el mismo. “Tenemos un problema con las macrogranjas y la hipertrofia del sector porcino que está muy mal regulado. Hemos ido amontonando animales y concentrándolos en las mismas comarcas con un modelo que no es sostenible”, alega. Para el experto de Justicia alimentaria “no se trata de un problema de macrogranjas en sí, sino del modelo de ganadería intensiva que se ha seguido en los últimos años”.

En Newtral.es nos hemos puesto en contacto con las distintas comunidades autónomas para conocer cuántas inspecciones han llevado a cabo en las macrogranjas de sus regiones pero no nos han facilitado ninguna cifra. Por ejemplo, la Consejería de Galicia solo ha explicado que en su caso las inspecciones “se realizan según diferentes planes sectoriales, entre ellos los de las granjas de vacuno. Anualmente estas inspecciones se hacen en base a parámetros como los censos, los controles de ayudas, entre otros».

¿Cómo funcionan las inspecciones ganaderas?

Las explotaciones ganaderas están sometidas a varios controles sobre su producción, entre los que se evalúan aspectos de higiene, sanidad animal, medio ambiente y salud pública, dentro de la política de seguridad alimentaria de la UE.

Para ello, hay dos vías principales: por un lado, los controles nacionales y autonómicos, como los de higiene y de cadena alimentaria y, por otro lado, los controles para monitorear el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de bienestar animal y medidas ambientales para recibir las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), que los fija la Comisión Europea y son comunes para todos los países miembros.

“Cada Estado Miembro tiene la obligación de enviar anualmente los resultados de sus inspecciones. Si no revisa esto la Comisión Europea crearíamos que podría haber competencia desleal”, explica Michelena. “Todos los tienen que cumplir, y la calidad es casi la misma en cualquier punto de la Unión Europea”.

En España, además, la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) supervisa la cadena alimentaria, desde el productor hasta el mayorista. Desde su creación, en 2014, se han detectado 2.743 infracciones, 170 entre productores, entre los que la mayoría de los incumplimientos (el 83%) se producen por no suministrar la información requerida, como recoge en su último informe.

Las inspecciones sobre la normativa de higiene tampoco abarcan a toda la producción. En 2019, según el último informese realizaron controles en el 1,5% de las explotaciones ganaderas sujetas a control. En el 34% de los controles se registraron incumplimientos, pero solo se iniciaron expedientes sancionadores en dos cada 10 incumplimientos.

Oteros recuerda que también hay que tener en cuenta el control del modelo de ganadería intensiva que, asegura, supone “un sistema de destrucción ecológica”: “Hay que tener en cuenta que en la ganadería intensiva los animales se alimentan de piensos cuyo material es la soja que viene importada en aviones sobre todo de zonas tropicales de América Latina, donde se ha deforestado para producir esa soja”

Por otra parte, la experta de Ecologistas en Acción señala que otro control que debería llevarse a cabo es el de “la contaminación por antibióticos”. “La OMS ya ha dicho que en 2050 la primera causa de muerte en el mundo será por la resistencia a antibióticos y tenemos contaminación por antibióticos en parte por el abuso que se hace en el sector ganadero”, denuncia Oteros que explica que, en las explotaciones intensivas a los animales “se les dan medicinas cómo profilácticos”.

“Si hay miles de animales concentrados y encerrados en un mismo espacio es evidente que van a enfermar, entonces de manera profiláctica se les introduce muchos medicamentos, la mayoría antibióticos. Hay normativas al respecto, pero no hay casi controles para ver si se cumplen”, denuncia.

Capacidades de las granjas: solo la normativa de vacuno limita el número de animales

En España, país signatario del Convenio europeo de protección de los animales en explotaciones ganaderas, la normativa que se aplica depende del tipo de animales de cada explotación. En el caso del ganado vacuno, el Ministerio de Agricultura ha llevado a cabo un proyecto de real decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, que estuvo en proceso de información pública. En él limitan este tipo de granjas a un máximo de 850 cabezas.

Además, ya existen reales decretos que regulan las granjas avícolas y las de ganado porcino. Por ejemplo, en cuanto a estas últimas, uno de los más propensos a criarse en macrogranjas, las comunidades autónomas pueden fijar la capacidad máxima de una explotación en función de la zona o de la producción.

En el caso de las granjas avícolas, la normativa de 2021 actualiza y deroga las anteriores de los años 2000, 2003 y 2005 sobre condiciones de sanidad animal en intercambios comunitarios, el plan sanitario avícola y la ordenación de la avicultura de carne, respectivamente.

En lo relativo al bienestar animal la norma introduce la “necesidad de contar con un veterinario de explotación” y establece los requisitos de formación de todas las personas que trabajan con aves de corral. También recoge las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras.

En este caso no se limita el número de unidades de ganado, aunque sí se establecen requisitos a partir de 55 Unidades de Ganado Mayor (UGM) para reducir emisiones, como por ejemplo piensos y alimentación específica.

Fuentes: