L’impacte de West Point a Centreamèrica: el cadet que va assassinar l’activista Berta Cáceres

La matriculació en l’acadèmia militar nord-americana de Roberto Castillo, coautor de l’assassinat de l’ambientalista hondurenya, obre interrogants sobre la formació impartida per la institució a generacions de soldats centreamericans, amb diversos casos de violacions posteriors dels drets humans.

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Cuando Roberto David Castillo se graduó en la Academia Militar de los Estados Unidos de West Point, ya pensaba en su legado. “Será recordado por todos como un líder intrépido comprometido con Dios, con su familia y con el servicio a los demás”, decía el epígrafe en el retrato del cadete hondureño publicado por el anuario de la academia militar estadounidense.

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Con toda seguridad, Castillo será recordado. A principios de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Honduras lo declaró culpable como coautor del asesinato en 2016 de la activista indígena Berta Cáceres, en aquel momento una de las defensoras del medio ambiente más conocidas de América Latina.

Un grupo de sicarios asesinó a Cáceres tras años de amenazas de muerte relacionadas con su oposición a Agua Zarca, una represa hidroeléctrica de 22 megavatios que había sido aprobada por el Gobierno sin el permiso de los indígenas locales.

Castillo era presidente de la empresa encargada de construir la represa. Según el tribunal, aprovechó su formación militar para acosar durante años a Cáceres mientras ayudaba en secreto a coordinar el asesinato de la activista.

Castillo había recibido parte de esa educación en West Point, donde estudió entre 2000 y 2004. Según una investigación de The Guardian, el paso por la prestigiosa academia militar estadounidense contribuyó a moldear la carrera de Castillo y abre interrogantes sobre la formación impartida por la institución a generaciones de soldados centroamericanos, con varios casos de posteriores violaciones de los derechos humanos.

La victoria de Xiomara Castro en las recientes elecciones presidenciales de Honduras ha hecho crecer las esperanzas de ponerle fin a la cultura de la impunidad en el país. Pero Castillo aún no ha sido juzgado por su crimen y West Point no ha reconocido públicamente los cargos contra su exalumno.

En su clase de West Point, Castillo era uno de los pocos estudiantes procedentes de otro país. Su excompañero de habitación Travis Dent lo recuerda como un amigo alegre y servicial. “Todavía hago la broma con él de que yo suspendí inglés y él aprobó, porque era un estudiante, muy, muy listo en todo lo que tenía que ver con los libros”, dice Dent. “Lo conocíamos como un cadete más”.

El “derecho a presumir”

Castillo estudió en West Point los fundamentos de la guerra, la estrategia y el armamento. Después se especializó en ingeniería eléctrica y en informática. Pero, cuando los cadetes internacionales regresan al ejército de sus países de origen, se benefician de algo más que de la formación académica. Según Martin Anderson, exprofesor de la Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos, “les da derecho a presumir institucional y socialmente”, y puede ayudar a hacer amigos poderosos.

Tras licenciarse en West Point, Castillo regresó en 2006 a Honduras para incorporarse a las Fuerzas Armadas de su país como subteniente. Su carrera ilustra lo que un soldado con conexiones puede hacer en países como Honduras, conocido por la tasa de asesinatos, los actos de violencia respaldados por el Estado, y la impunidad política.

Castillo se involucró en seguida con la compañía eléctrica del Gobierno. Primero, cuando las Fuerzas Armadas la militarizaron en 2007. Luego, por su trabajo en la compañía a partir de 2008, una vez que fue tomada por el Ejército.

En la empresa eléctrica, se unió a la comisión responsable de negociar los contratos de proyectos hidroeléctricos de Honduras con una filial de Odebrecht, el grupo brasileño que después sería hallado culpable en el mayor caso de soborno en el extranjero de la historia por pagar cientos de millones de dólares a autoridades gubernamentales de todo el mundo.

En aquella época, Castillo inició una empresa que fue sorprendida vendiendo al Ejército equipamiento a precios inflados (más tarde le ordenaron que devolviera al Gobierno el dinero). Según fiscales anticorrupción de Honduras que investigaban otro caso, en 2009 Castillo creó la empresa de energía Desa y volvió a infringir las normas. Supuestamente, sus testaferros la pusieron en marcha en su nombre mientras Castillo seguía trabajando para la entidad gubernamental que aprobó el contrato de compra de electricidad en la futura represa hidroeléctrica de Agua Zarca.

Según Jackie McVickar, una especialista en derechos humanos que contribuyó en el informe de 2019 sobre corrupción en la industria energética hondureña, Castillo “se vio envuelto en la estructura de poder que es el Ejército en Honduras”.

Castillo se cruzó con Cáceres cuando Desa comenzó a trabajar en la represa. La activista medioambiental y madre de cuatro hijos fue espiada, seguida y amenazada por convocar a los manifestantes y presionar a los grupos internacionales para que dejaran de apoyar al proyecto.

Según su hija, Bertita Zúñiga Cáceres, Castillo fue una pieza clave en la campaña de acoso, enviando sin cesar mensajes de texto a su madre para recordarle que sabía exactamente dónde estaba. Para el año 2016, Berta Cáceres ya había sido asesinada.

Según la colaboradora de Cáceres y defensora de los derechos humanos Brigitte Gynther, Castillo “empleó sus habilidades militares para ordenar su asesinato, y no solo para matarla, sino para perseguirla”.

West Point: “Destrucción y muerte”

Cuando Castillo fue arrestado dos años después, su antiguo compañero de cuarto en West Point, Travis Dent, movilizó en su defensa al resto de los camaradas de la academia, presionó al embajador estadounidense en Honduras, y acudió a compañeros al servicio de legisladores y agencias federales. “La inmensa mayoría de los compañeros de clase y todos los que hablaron con nosotros estaban dispuestos a ayudar”, dice Dent.

El apoyo proporcionado a Castillo por una influyente red estadounidense no es casualidad. Según un informe de 1997 guardado en el archivo de la academia militar, el Programa Internacional de Cadetes de West Point “se estableció como una herramienta de política exterior para dotar al Gobierno de Estados Unidos de un mecanismo con el que mejorar las relaciones con naciones amigas y fomentar la estabilidad”.

Los cadetes centroamericanos han sido protagonistas del programa desde que comenzó en 1889. Casi una quinta parte de los más de 500 graduados internacionales que han pasado desde entonces por el curso proceden de siete pequeños países centroamericanos.

Los contribuyentes estadounidenses han subsidiado parcial o totalmente la formación de los estudiantes internacionales, un desembolso que según el autor del informe de 1997 debe considerarse como una inversión. Después de conocer de cerca los ideales democráticos de Estados Unidos, escribió, difundirán esos principios en su país.

Son argumentos similares a los esgrimidos en defensa de la “Escuela de las Américas”, un programa creado en 1946 por el Ejército de EEUU para entrenar a soldados de la región, con más de un centenar de exalumnos latinoamericanos acusados de violar los derechos humanos en sus países de origen. Entre ellos, dos de los restantes siete hombres que en 2019 fueron condenados por participar en el asesinato de Cáceres.

Según Brigitte Gynther, que ahora coordina una organización de vigilancia a personas con formación militar en EEUU (School of the Americas Watch), “en las últimas décadas, los militares formados por Estados Unidos han provocado una destrucción y una muerte inconmensurables en Centroamérica y siguen haciéndolo hoy”.

Uno entre muchos

Castillo no es el primer licenciado de West Point que no está a la altura de los elevados ideales de su programa internacional. Tras licenciarse en 1946 en la misma academia militar, Anastasio Somoza Debayle regresó a Nicaragua, donde fue el jefe de la Guardia Nacional y luego el presidente del país, acusado de la muerte de miles de personas y de repetidas violaciones contra los derechos humanos. Su hijo Julio fue admitido en West Point en 1977, justo cuando el régimen libraba su guerra contra los rebeldes sandinistas.

En una presentación de hace poco, el equipo de admisiones de West Point incluyó a Somoza en su lista de “destacados graduados internacionales” sin hacer ninguna mención a su carrera como déspota.

Es posible que otros centroamericanos que pasaron por la academia sí estuvieran a la altura de los altos ideales del programa. Pero su eficacia es difícil de medir: en el listado que el Ejército de EEUU entregó a The Guardian, los nombres de la mayoría de los graduados internacionales aparecen tachados y no han querido decir cuántos excadetes han sido acusados por crímenes.

West Point rechazó una solicitud de entrevista y sugirió a The Guardian que se pusiera en contacto con el Departamento de Estado, con el argumento de que dicho Ministerio estadounidense participa en la elección de países que pueden enviar cadetes a la academia. Pero el Departamento de Estado derivó la solicitud de entrevista al Departamento de Defensa y el Departamento de Defensa, a su vez, la derivó al Departamento de Estado.

Según Beth Stephens, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Exteriores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rutgers, West Point es “una institución pública que debería rendir cuentas públicamente de lo que hace”. En su opinión, la responsabilidad de demostrar que el programa no conduce a abusos de los derechos humanos en el extranjero debería recaer sobre dicha academia militar.

Mientras el Gobierno estadounidense protege del escrutinio al Programa Internacional de West Point, los líderes hondureños siguen siendo vinculados a acciones antidemocráticas y actividades ilícitas.

El presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llegó al cargo en 2014, cinco años después de que otro hondureño licenciado en la Escuela de las Américas encabezara el golpe de Estado de 2009. Cientos de miles de ciudadanos han emigrado huyendo de la pobreza, la violencia y la corrupción durante el Gobierno de Hernández, que en 2021 fue identificado por fiscales federales de EEUU como presunto receptor de sobornos de los narcotraficantes y como responsable de poner a las Fuerzas Armadas al servicio de un laboratorio de cocaína.

Hernández ha negado una y otra vez tener vínculos con los cárteles de la droga. Aunque hasta ahora ha sido protegido por la política estadounidense basada en no acusar a presidentes en ejercicio, podría ser acusado en cuanto Xiomara Castro asuma la presidencia en enero.

Eso sí, los cadetes hondureños siguen formándose en West Point. En la academia hay un ingreso de un hondureño en 2016, el mismo año en que Cáceres fue asesinada.

Traducción de Francisco de Zárate.

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