Grups ecologistes fan una demanda al Govern davant del Suprem per exigir més accions contra l’emergència climàtica

Greenpeace, Ecologistes en Acció i Oxfam Intermón consideren que els plans preparats per Espanya per retallar emissions de CO2 incompleixen l’Acord de París

En certa mesura el Govern paga la inacció dels anteriors Executius, que van donar l’esquena a el problema ecològic. Aquesta deixadesa ha fet que els plans d’acció climàtica presentats per la Vicepresidència de Teresa Ribera, ministra de Transició Ecològica, hagin arribat massa tard des del punt de vista jurídic. Tant és així, que el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) i l’Estratègia a llarg termini (ELP) es van haver de haver presentat de manera definitiva el passat mes de desembre de 2019, segons el reglament europeu. El Govern va enviar un esborrany al maig de 2019, però el definitiu, que actualment està sent avaluat per Brussel·les, no va arribar fins a gener de 2020. En aquest sentit, els ecologistes pensen que no es van complir els terminis, mentre que el Govern assegura que sí s’estan respectant els temps marcats des d’Europa.

https://www.publico.es/sociedad/litigio-climatico-ecologistas-han-demandado-unico-gobierno-anunciar-medidas-crisis-climatica.html

https://www.eldiario.es/sociedad/grupos-ecologistas-demandan-gobierno-supremo-exigir-acciones-emergencia-climatica_1_6221242.html

España ya tiene su litigio climático en marcha. A rebufo de los procesos judiciales iniciados en Alemania o Francia y con la sentencia firme de diciembre pasado que obligaba al Ejecutivo holandés a incrementar su reducción de emisiones de CO2, las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón pretenden llevar al Gobierno español a los tribunales para reclamar “mayor ambición” en la lucha contra la emergencia climática. Las tres han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo al considerar que las herramientas del Gobierno contra el cambio climático: el Plan Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Largo Plazo no se han presentado a tiempo y, además, no sirven para cumplir el Acuerdo de París al que se adhirió España.

Esta acción incorpora a España a la lista de litigios ambientales como los que están planteados a Alemania, Francia, Nueva Zelanda o Canadá y llega nueve meses después de que el movimiento ecologista obtuviera una gran victoria judicial en Holanda. En diciembre de 2019, el Supremo holandés estableció que el Gobierno del país centro europeo debía reducir un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero. La sentencia llegaba tras cuatro años y dos recursos del Ejecutivo. Fue un hito. Un mes después de esa sentencia, el grupo Fridays for Future denunció al Gobierno alemán de Angela Merkel ante el Tribunal Constitucional por “falta de ambición” contra el cambio climático. En marzo de 2019, varias asociaciones francesas habían demandado al Ejecutivo de Emmanuel Macron por “inacción”, dijeron. Entre ellas también estaban Greenpeace y Oxfam.

Lo cierto es que España ha acumulado retraso durante años a la hora de redactar sus planes contra la emergencia climática: el Congreso pidió una ley específica ya en 2011. El candidato electoral Mariano Rajoy, después de haber completado una legislatura en la Moncloa sin abordar este asunto, la prometió en la campaña de 2015 y luego paseó el anuncio por las cumbres del clima de París en 2015 y Marrakech en 2016. La volvió a enarbolar en un encuentro de financiación climática en 2017. Sin embargo, en abril de 2018 todavía intentó sacar adelante una proposición de ley para que el Ministerio de Industria (dirigido por Álvaro Nadal) pudiera vetar el cierre de centrales térmicas de carbón.

Para mayo de ese año, el Ejecutivo del Partido Popular no había dotado de soporte legal la transición energética para descarbonizar la economía. El 1 de junio de ese año, salió adelante la moción de censura del candidato socialista, Pedro Sánchez, que se convirtió así en jefe del Ejecutivo. No había ley de cambio climático, ni Plan de Energía o Estrategia de Largo Plazo. Con todo, “los esfuerzos del actual Ejecutivo resultan insuficientes” para compensar “la falta de acción de gobiernos previos”, consideran estos grupos al decidir acudir a la justicia.

“Para evitar un cambio climático devastador sólo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2 y acelerar la transición ecológica, lo que requiere de decisiones políticas y judiciales valientes”, reflexiona Mario Rodríguez, director de Greenpeace. Rodríguez admite que el Gobierno actual “avanza en la dirección correcta y es verdad que hereda la inacción y falta de compromiso de gobiernos anteriores, pero eso no significa que sea suficiente. Siempre hemos dicho que iba en buena dirección, pero también que faltaba ambición”.

El cálculo de los ecologistas se basa en que el Estado no ha cumplido los plazos establecidos en el reglamento europeo de acción por el clima de 2018 que marcaba fechas concretas para la remisión de estas dos herramientas. Para el Plan de Energía (PNIEC), que abarca hasta 2030, se estableció “a más tardar” el 31 de diciembre de 2019 y para la Estrategia a Largo Plazo (que llega a 2050) el 1 de enero de 2020. Un borrador del PNIEC, que actualmente está siendo evaluado ambientalmente, fue enviado a la Comisión Europea en abril de 2019 y una revisión el 31 de marzo de 2020 por lo que el Gobierno ha entendido que cumplió el reglamento. La Estrategia, por su parte, está en fase de alegaciones (hasta el 30 de septiembre).

Una década para reducir las emisiones a la mitad

A estos aspectos más formales, el recurso añade que los planes trazados en España incumplen el Acuerdo de París contra el cambio climático de 2015. El texto internacional establece como objetivo mantener el calentamiento global de la Tierra “muy por debajo” de los 2ºC y trabajar para limitar ese incremento a 1,5ºC como máximo. El año pasado, el último informe de la ONU indicaba que, tras años de no hacer excesivo caso a las advertencias, el mundo debería recortar a la mitad las emisiones de CO2 en diez años para alcanzar ese objetivo y cumplir el Acuerdo. Como el objetivo que España asume en su Plan para 2030 incluye un recorte del 23% de las emisiones de efecto invernadero respecto al nivel de 1990, España está abocada al incumplimiento del Acuerdo de París que las Cortes ratificaron en noviembre de 2016. El Ministerio de Transición Ecológica ha calculado que conseguir ese recorte de emisiones supone elminar un tercio de lo que España lanza a la atmósfera actualmente.

Tras presentarse la demanda, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha contestado que “es normal que los ciudadanos pidan más acción en materia de clima. Me parece que los gobiernos somos particularmente resposnables a la hora de facilitar ese cambio”. Y ha añadido que “de hecho es lo que hemos hecho con el Plan Nacional de Energía y Clima”.

Las organizaciones acaban de agotar la vía administrativa que iniciaron el 24 de enero al remitir una reclamación al Ministerio. Ahora pasan al Tribunal Supremo donde, si su recurso es admitido a trámite, se iniciará el proceso de demanda. “Con esta acción hemos encontrado una vía de acceso al Tribunal Supremo, una puerta de entrada para que los magistrados nos escuchen ya que el objetivo de fondo es que el Gobierno aumente la ambición”, analiza la abogada de Greenpeace, Lorena Ruiz-Huerta. Ruiz-Huerta explica que la fórmula que ha tenido éxito en Holanda de ir ascendiendo por tribunales hasta el de mayor rango “es muy difícil aplicarla en España por las diferencias del sistema judicial. Así vamos a intentar convencer al Supremo de que se incumple el Acuerdo de París”.

En este sentido, el coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura, considera que ahora es el momento para incrementar la ambición en los planes climáticos que debe sacar adelante el Gobierno español: “Estamos a tiempo de frenar la debacle que vendrá si no paramos el cambio climático”. Una debacle, sostienen estas organizaciones, que incide especialmente en los grupos de personas más vulnerables que “son las que menos contaminan y las que menos recursos tienen para adaptarse y mitigar sus consecuencias”, apunta Franc Cortada, director de Oxfam Intermón, la tercera pata de esta demanda climática.

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