Una llei perquè el Mar Menor tingui “dret a existir” com a ecosistema i a “evolucionar naturalment”

Una comissió formada per ciutadans, ecologistes, científics i juristes ha presentat aquest dimecres al Congrés una Proposició de Llei perquè la llacuna d’aigua salada murciana tingui drets propis.

https://www.publico.es/sociedad/proteccion-mar-menor-ley-mar-menor-tenga-derecho-existir-ecosistema-evolucionar-naturalmente.html

PROTECCIÓN DEL MAR MENOR Una ley para que el Mar Menor tenga “derecho a existir” como ecosistema y a “evolucionar naturalmente”

Una comisión formada por ciudadanos, ecologistas, científicos y juristas ha presentado este miércoles en el Congreso una Proposición de Ley para que la laguna de agua salada murciana tenga derechos propios.

Peces muertos en la playa del Mar Menor tras la gota fría de octubre (Murcia)./ Marcial Guillén (EFE)
Peces muertos en la playa del Mar Menor tras la gota fría de octubre (Murcia)./ Marcial Guillén (EFE)

ALEJANDRO TENA

El Mar Menor está herido de gravedad. Pese a los números intentos de salvar este ecosistema único, las aguas de esta laguna continúan en una permanente degradación a causa del exceso de nitratos y vertidos derivados de la agricultura intensiva, la minería y un urbanismo desaforado. Para evitar el homicidio a la vida, una comisión formada por colectivos sociales, ecologistas y científicos han presentado este miércoles en el Congreso una Proposición de Ley para que el entorno –sus aguas, sus peces y sus humedales– tengan el reconocimiento de personalidad jurídica.

“Si esto sale adelante, se dejará de proteger el medio ambiente desde la idea de beneficio humano y se hará porque el ecosistema tiene un valor propio”

Según la Proposición de Ley, a la que ha tenido acceso Público, el objetivo de esta iniciativa histórica es “dotar al mar menor, como sujeto de derecho, de una carta de derechos propios, en base a su valor ecológico intrínseco y a la solidaridad intergeneracional”. Y es que, a pesar de los avances que se han aprobado en los últimos años, la “insuficiencia del actual sistema jurídico del sistema de protección” es la principal razón por la que la laguna lleva desde los años 60 del siglo XX rozando el colapso, tal y como lo entienden los impulsores de esta medida.

El valor central de esta iniciativa legislativa estriba no solo en el aumento de la protección de la laguna y su cuenca, sino en la capacidad de defensa que el entorno tendrá en caso de salir adelante. De esta forma, cualquier ciudadano podrá acudir a los Tribunales a ejercer la defensa del Mar Menor ante cualquier acción que suponga un ataque para su biodiversidad. “Esto supone un salto monumental”, arguye Teresa Vicente Giménez, profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia y una de las promotoras de la medida. “Si esto sale adelante, se dejará de proteger el medio ambiente desde la idea de beneficio humano y se hará porque el ecosistema tiene un valor propio y un derecho a desarrollarse sobre su propia estructura natural”.

Así, de una forma incluso poética,  la proposición establece en su texto que el Mar Menor debe ser provisto del “derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente”. Para Vicente, “esta figura confirmaría la realización de un nuevo modelo de justicia ecológica que se basa en que el ser humano es tan sólo una parte del ecosistema, así como responsable del daño que haga”. El principio rector de esta ley pionera se asienta, expone la jurista, en “poner freno al modelo de desarrollo limitado”, lo que la sitúa en el punto de mira de determinados sectores económicos y políticos que entienden que el beneficio está por encima de la protección ambiental.

Sabanés: “Puede servir de referencia para mejorar la protección de los espacios más frágiles”

Inés Sabanés, diputada de Equo-Más País, muestra a Público su apoyo a esta iniciativa “novedosa” que podría sentar un precedente positivo para incrementar las posibilidades de defender los bienes naturales del Estado. “Puede servir de referencia para mejorar la protección de los espacios más frágiles”, agrega la diputada ecologista, que se muestra propensa a trabajar en generar consensos en la Cámara para intentar que la iniciativa llegue a buen puerto.

La iniciativa, que ha sido presentada en el Congreso a los diferentes grupos parlamentarios y a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya ha sido aprobada por unanimidad en el municipio murciano de Los Alcáceres y este mismo miércoles ha sido elevada también al parlamento autonómico murciano. De esta forma se han tratado de recorrer todos los caminos posibles para conseguir que la ILP termine plasmada en una ley que eleve la protección del mar cartagenero.

Aunque todavía queda mucho camino por andar, de salir adelante, esta ley serviría de ejemplo a muchos otros ecosistemas españoles (y europeos) que se encuentran amenazados y sobreexplotados por el ser humano: desde los humedales de Doñana, hasta las Tablas de Daimiel, pasando por el Parque Natural de la Albufera.

Los referentes que marcan el futuro del mar menor

La ILP defendida por la jurista murciana Teresa Vicente sienta las bases para la protección de los ecosistemas más desfavorecidos de España y Europa. Sin embargo, el Mar Menor no sería el primer entorno con una personalidad jurídica reconocida. Existen algunos referentes legales en el mundo que permiten entender que se puede incrementar la protección medioambiental de lagos, ríos y parques naturales.

El caso del lago de Erie, uno de los grandes lagos de Canadá y EEUU, es uno de los grandes ejemplos. El 26 de febrero de 2019, el Ayuntamiento de Toledo (Ohio) aprobó una Carta de Derechos para este ecosistema que se encontraba en declive por el uso de fertilizantes y la introducción de especies invasoras. Aunque el triunfo fue truncado meses más tarde tras un recurso del Gobernador de Ohio, esta medida conservacionista ha servido de ejemplo a los defensores del lago murciano.

En Nueva Zelanda se encuentra el referente más significativo del nuevo paradigma del derecho ecológico. Allí, en 2017, se reconoció la personalidad jurídica del río Whananganui, incorporando no sólo la protección biológica del entorno, sino la dimensión religiosa, ya que se trata de un lugar con una importante carga cultural para la población nativa maorí.

En Colombia, una sentencia de la Corte Constitucional resolvía que el río Atrato y todos sus afluentes deberían ser considerados como una entidad sujeta de derechos de protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades autóctonas.

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