Informes tècnics sobre obres d’interès públic: La Marca Espanya ataca de nou

La llei és igual per a tothom “se llame fulanito o menganito” (que diu algun polític de les espanyes espanyoles….és el estat de dret….. tu sais…). Ara sabem amb proves que això no és cert. Les obres que s’han de fer en el famós (per lo mal fet de tot el procés) magatzem temporal centralitzat de Villar de Cañas (l’abocador de residus nuclears de Castilla-La Mancha) no tenen els prescriptius i recomanables estudis geotècnics, geològics i geoquímics dels terrenys afectats. Si no fos per la oposició a les obres de l’actual govern de la comunitat, en mans socialistes, ja s’haurien començat les obres (si el govern fos del PP) encara que no hi hagués els informes. La notícia la podem llegir al diari “El diario” (http://www.eldiario.es/clm/carencia-informes-retrasado-ubicacion-basurero_0_436057186.html).

Paral·lelament, i també avui, ha sortit publicada al diari “El Pais” (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/04/catalunya/1423081998_093557.html) la notícia de que el projecte Castor es va fer sense cap estudi previ d’impacte ambiental (prescriptiu per aquests casos). Però ja se sap que hi ha determinats fulanitos i menganitos que estan pel damunt de les lleis, perquè no ens enganyem son els que fan les lleis i el que trien els directors de l’orquestra nacional (vegis polítics) per tal que toquin allò que ells volen que toquin (i a sobre els oients (el públic que pateix les obres i accions) els hi paguen el concert…… tot un chollo).

La carencia de informes también ha retrasado la autorización del ‘basurero nuclear’

La Junta de Comunidades se adjudica el retraso que sufre la instalación en Castilla-La Mancha, pero desde noviembre de 2014 se han sucedido obstáculos de carácter técnico

Todavía faltan informes, tal como ha denunciado recientemente el Colegio de Geólogos, que ha insistido en los sobrecostes que conllevarán la falta de información, en especial la referente a los terrenos

Terrenos del ATC en Villar de Cañas / Foto: EUROPA PRESS

Terrenos del ATC, en Villar de Cañas / Foto: EUROPA PRESS

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, comunicó el “parón” que sufre el VII Plan General de Residuos Radioactivos, debido a la postura en contra del “cementerio nuclear” que ha adoptado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Nadal ha asegurado que dicho Plan está preparado, pero que el ministerio se ha visto forzado a dejarlo a la espera, debido a la intención del Ejecutivo castellano-manchego de declarar una zona de protección ambiental en torno a los terrenos donde se pretende instalar el Almacén Temporal Centralizado.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no tardó en adjudicarse esta ‘victoria’ y se ha congratulado de la decisión del Gobierno central de retrasar el Plan del que depende directamente el llamado ‘basurero nuclear’. Además, el Gobierno de Emiliano García-Page lo ha interpretado como que el Ejecutivo español “reconoce que no va a poder” seguir adelante con la construcción de este silo, tal como ha anunciado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

“Es evidente que si el Gobierno de Castilla-La Mancha no hubiera tomado esa decisión, las obras de ATC se hubieran iniciado aun a pesar de que faltaba el informe de cimentación”, ha anunciado Martínez Arroyo, refiriéndose a la medida anunciada de ampliar la Red Natura de la Laguna El Hito, que afecta a Villar de Cañas y los terrenos donde se pretende instalar el silo. Castilla-La Mancha ha anunciado también que se opone a ampliar la vida útil de las centrales nucleares.

Si bien es claro que esta medida retrasará aún más la construcción del ATC, a pesar de que la misma Empresa Nacional de Residuos Radioactivos contaba con los permisos para su construcción a finales de este año, tal como informó su director técnico Álvaro Rodríguez, no es lo único. El proceso de la adjudicación de autorizaciones del silo nuclear se han visto retrasadas por la falta de vistos buenos de instituciones claves, como el mismo Consejo Nacional Nuclear, que emitió su primer informe favorable recién en julio de este año, mientras que Enresa contaba con esta autorización previa entre enero y febrero de 2015.

Ya en noviembre del año pasado, el mismo Consejo de Seguridad Nuclear cuestionaba lo “idóneo” del emplazamiento elegido en Villar de Cañas, a través de un informe en el que se advertía de “múltiples” carencias encontrada en la documentación presentada por la empresa entonces liderada por Francisco Gil-Ortega, quien finalmente dimitió de su cargo. El Consejo señalaba entonces un extenso conjunto de propuestas para resolver las “dudas existentes” alrededor de los terrenos en los que se pretendía instalar el ATC. Entre ellas, por ejemplo, pedía información “adicional” en diversos aspectos como la geología o la geoquímica del terreno.

De hecho, Enresa volvió a licitar nuevos estudios para los suelos del ATC, en un concurso de más de un millón de euros. Fue el nuevo presidente del Consejo de Administración de la Empresa pública quien firmó los pliegos, para unos sondeos que debían empezar en septiembre de 2015 y extenderse durante ocho meses. Se trataba de nuevos estudios de “caracterización geotécnica y geofísica”, con mayores profundidades. Al mismo tiempo, el Colegio de Geólogos recordaba la falta de estudios geológicos, algo que, según los profesionales, incidía en la seguridad de infraestructuras de este tipo. De hecho, el colegio pedía al Ministerio que se tomase el tiempo “técnicamente necesario” para adjudicar las obras.

A pesar de esto, el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó un informe favorable para la autorización previa del Almacén Temporal Central, eso sí con “límites y condiciones”. El CSN señalaba, sin embargo, que una autorización previa es un reconocimiento “oficial” del objetivo de la instalación y de la idoneidad del emplazamiento de la construcción de la infraestructura. La aprobación ocurrió a finales de julio de este año. A principios de septiembre, trabajadores del Consejo de Seguridad Nuclear denunciaron “presiones” a través de una carta de protesta desde la Junta de Personal. En ella, denunciaban la apertura de una investigación interna debido a críticas divulgadas a raíz de diversas destituciones en el organismo, que se relacionaron a problemas internos alrededor de la construcción del silo nuclear en Villar de Cañas, según informó la Cadena Ser (incluir enlace: http://cadenaser.com/ser/2015/09/08/ciencia/1441732436_238781.html)

Hace pocos días, el Colegio Oficial de Geólogos denunció nuevamente “incertidumbres” en el proyecto del ATC, ya que todavía no se cuenta con los estudios geotécnicos y geológicos del terreno. En este sentido, señalan que la última adjudicación del `proyecto, la construcción de edificios, laboratorios e instalaciones convencionales y el Centro Tecnológico Asociado, cuentan con un 60% menos que en el presupuesto inicial, mientras que los informes geotécnicos siguen en ‘fase de adjudicación’. En este sentido, los profesionales hacen hincapié en que faltan informes relacionados con los factores de sismicidad e inundabilidad del terreno donde se plantea edificar el silo. El Colegio ha insistido en los sobrecostes que acarrea tomar decisiones sin realizar los estudios adecuados.

El Proyecto Castor se realizó sin estudio previo de impacto ambiental

El alcalde de Alcanar llevará el caso ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril

  • Proyecto Castor: Las voces que nadie quiso escuchar
MERCÈ PÉREZ PONS Barcelona 5 FEB 2015 – 00:03 CET

Plataforma Castor, situada ante la costa de alcanar y Vinarós. / EFE

El almacén de gas submarino Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Montsià), se hizo sin informes jurídicos previos para resolver la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según denunció ayer el Ayuntamiento de esta segunda localidad. El Consistorio de Alcanar pidió información al respecto al Gobierno, y este contestó que no dispone de ningún estudio jurídico que avale la aprobación de la DIA. El Ejecutivo de Mariano Rajoy lo desveló a través de una carta enviada al Ayuntamiento por la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura.

“Resulta incomprensible la inexistencia de informes previos de los servicios jurídicos en una actividad potencialmente contaminante como es el Castor, tal y como advirtió la Generalitat Valenciana, y visto el impacto ambiental asociado al proyecto. Es todo muy extraño”, afirmó ayer el alcalde Alcanar, Alfons Montserrat (ERC). El edil trasladará el caso a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a quien pide abrir una investigación.

La DIA se aprobó en octubre de 2009 y cuatro años después, entre septiembre y octubre de 2013, la inyección de gas en el depósito submarino provocó más de medio millar de seísmos con una magnitud que llegó a superar el nivel 4 de la escala de Richter. Los terremotos atemorizaron a los vecinos de la zona y enervaron los ánimos de entidades sociales como la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia o del propio Ayuntamiento de Alcanar. Todos ellos llevaban años batallando contra la puesta en marcha del almacén. También habían pedido sin éxito que se incluyesen informes de riesgo sísmico en la tramitación de la infraestructura. “En el tema sísmico no hubo informes, ahora aquí tampoco, la falta de estudios fue una constante”, relataba ayer Montserrat.

Un juzgado de Vinaròs investiga si la Administración y la promotora del almacén, Escal UGS, filial de ACS, holding presidido por Florentino Pérez, pudieron cometer prevaricación ambiental por no analizar el riesgo sísmico inducido que podía provocar el añmacén. La causa se ha abierto con nueve cargos y funcionarios del Gobierno socialista imputados junto a responsables de Escal UGS.

Tras el pánico social desatado por los seísmos, el almacén de gas se encuentra en estado de “hibernación”, en palabras del Gobierno. Por ello, al no haber podido entrar en funcionamiento, el Gobierno aprobó a final del año pasado una indemnización de 1.350 millones a Escal UGS. Este dinero se repercutirá en el recibo del gas de los consumidores durante los próximos 30 años. Vecinos, entidades, el Ayuntamiento de Alcanar y la Generalitat piden que se anule este pago a Escal, contra el que el PSOE y el PSC presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional. La Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia calcula que la indemnización a la empresa de Pérez le costará 650 euros a cada consumidor de gas natural.