L’home, una espècie més en l’ecosistema…

Sovint, quan es prenen decisions sobre maneres de fer en agricultura, es prescindeix de la part més afectada: Els pagesos i pageses. Ells i elles son part integrant de l’ecosistema agroecològic del que viuen i al que cuiden per tal de poder subsistir. Però el més normal es que els nous plans agrícoles i ramaders els ignorin. Els acostumen a fer acadèmics sovint allunyats de la realitat en la qual viuen els pagesos i pageses. Poder fora bo que en les decisions participés tothom. Això és el que s’exposa en un article publicat al diari “El Diario” (http://www.eldiario.es/ultima-llamada/indigenas-saberes_tradicionales-extractivismo-degradacion_ambiental_6_416518357.html).

D’altre banda, pel que fa als parcs naturals, quan es pren la determinació de que una zona ho sigui, sovint s’expulsa als indígenes que allí habiten. Aquests indígenes, que formen part de l’ecosistema en el qual viuen, s’han adaptat al medi vivint i cuidant-lo. Pel general la seva expulsió, a més de comportar problemes per a ells també els comporta per a l’ecosistema. El tema es tractat en un article publicat al diari “El diario” (http://www.eldiario.es/desalambre/Dia-indigenas_12_417278270.html).

Dues cares de la mateixa moneda. Dues cares d’un mateix problema que en el fons té una part comú: L’home forma part de l’ecosistema on viu. Interacciona amb ell i el modifica. Al llarg del temps, quan forma una relació sostenible amb ell, s’estableixen una sèrie de relacions que s’han de tenir en compte quan volem fer accions sobre el mateix. Poder és hora de reunir a totes les parts afectades i tractar els problemes globalment, d’una manera holística.

Última llamada

¿Qué sabrán allí? La actualidad de los saberes indígenas en la crisis socioambiental

Una parte importante de los conflictos sociambientales se da porque no se considera la capacidad de decisión de las poblaciones afectadas y porque se descuenta el “conocimiento local”.

Hugo Viciana & Mina Kleiche-Dray ( Institut de Recherche pour le Développement, Centre Populations et Développement, IFRIS )

La concesión, este último año, del premio medio ambiental Goldman a la hondureña Berta Cáceres y del premio Martin Ennals de derechos humanos a la mexicana Alejandra Ancheita ha permitido subrayar, una vez más, la aparente colisión entre derechos humanos fundamentales y visiones del desarrollo económico que sufren comunidades locales y poblaciones migrantes en Latinoamérica que a menudo se ven afectadas por grandes proyectos estatales o de empresas transnacionales. Un choque de trenes entre lo local y lo transnacional que es si cabe más agudo en el ámbito de los conflictos medioambientales.

El área de Latinoamérica y el Caribe contiene aproximadamente un 50% de los recursos en biodiversidad del planeta. Al mismo tiempo, estos países se cuentan entre los más afectados y sus poblaciones entre las más vulnerables frente a determinados efectos de las dinámicas actuales de la globalización. Un mapa virtual de geolocalización de conflictos socioambientales elaborado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización recoge alrededor de un centenar de regiones afectadas en Latinoamérica y el Caribe. El Atlas de Justicia Ambientaltambién señala a Latinoamérica como una de las zonas más calientes en el ámbito de los conflictos medioambientales.

Y ello aun cuando el Convenio internacional sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 1992 promovía el respeto hacia “las comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos”, y afirmaba “la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan” de sus saberes prácticos sobre el medio ambiente. Sin embargo, la bioprospección, el dispositivo de derecho por el que el mencionado convenio preveía que el conocimiento autóctono sobre la biodiversidad pudiera ser “el nuevo oro verde” cuya explotación industrial suministraría royalties a las comunidades indígenas, ha resultado ser, todo parece indicarlo así, una “promesa incumplida” (según la fórmula del sociólogo francés Jean Foyer).

En este contexto, cabe interrogarse de manera realista por el papel que han de ocupar hoy los saberes autóctonos en la gobernanza ambiental, entendida ésta, simplemente, en el sentido del “quién”, el “cómo”, el “cuándo” y el “sobre qué” en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos.

En el caso de América Latina, es frecuente denunciar un extractivismo que se da a dos niveles: por un lado, en su sentido más literal, en cuanto muchos de los conflictos socioambientales actuales son relativos a la explotación de recursos naturales no renovables que tienen, además, un impacto nada desdeñable (externalidades) sobre el ambiente; por otro lado, por una gobernanza que en muchos casos puede ser descrita como el resultado de la dirección impuesta por instituciones extractivas, en el sentido en que una parte importante de la población se ve excluida, primero, de los procesos de decisión en la configuración de los proyectos de desarrollo y, luego, de gran parte de los beneficios que reportan dichos proyectos. Entre la justicia social y el aprovechamiento de la inteligencia colectiva de una capa de la población que hasta hace poco estaba ampliamente excluida de estas tomas de decisiones, creemos que es posible despejar algunos equívocos que obstaculizan el diálogo entre saberes autóctonos y saberes científico-tecnológicos.

Por una parte, se ha señalado que, aunque útiles en el seno de estudios de antropología o agronomía de cara al uso de los recursos naturales, determinadas categorías tales como “conocimiento indígena” o “conocimiento local” han podido a veces transformarse en meros fetiches, sin ser realmente eficaces a la hora de deshacer las injusticias estructurales en las que viven muchas de estas poblaciones. Por otra parte, los trabajos que han analizado los proyectos desarrollistas del siglo XX han mostrado cómo la investigación científico-tecnológica en torno a materias de alto potencial económico, como son los recursos naturales, experimenta una clara tendencia a orientarse hacia las áreas con mayor financiación. Por eso, puede existir a veces escaso control democrático sobre la dirección de dicha financiación tecnológica, influyendo en el debate y contribuyendo al desequilibrio de fuerzas por lo que hace a la autoridad de quienes son escuchados como “expertos”.

Frente a esto, recientemente, en un documento de recomendaciones dirigidas a los representantes políticos y tomadores de decisiones señalamos el modo en que: “El uso sostenible de los ecosistemas requiere la inclusión de los actores sociales que interactúan con la naturaleza. Para ello se requiere conocer, para cada actor, su racionalidad, su ubicación en la cadena productiva, su condición de productor o destructor de la biodiversidad y especialmente sus saberes, en conjunto con los cambios tecnológicos actuales.”

Porque, efectivamente, los conflictos socioambientales parecen jugarse muchas veces en el terreno de la autoridad epistémica, en su viejo sentido de “auctoritas” o aquel saber que tiene la última palabra en el diálogo con otros saberes. Esto, que sucede efectivamente en una serie de controversias socioambientales, creemos, puede inducir a error, en lo que puede ser interpretado en muchas ocasiones, de modo más eficaz, como un conflicto en torno a la participación en los procesos de decisión.

El caso de los conflictos simbólicos en torno al maíz en México, un fenómeno social que ha recibido relativamente poca atención en Europa, podría ser un ejemplo. México, percibida generalmente como la cuna histórica en la domesticación del maíz, es también uno de sus principales focos de biodiversidad. En un país donde el maíz ocupa una parte fundamental de la alimentación, en el que una mayoría de las unidades agrícolas son familiares y campesinas, un amplio porcentaje de las cuales lo son, además, en régimen de subsistencia, la biodiversidad del maíz ha venido a ocupar un puesto importantísimo en el imaginario colectivo nacional. Numerosas asociaciones civiles se articulan desde hace unos años en torno a esta cuestión y han empezado a cosechar éxitos notables. Sin ir más lejos, en este último año se ha ratificado la orden judicial de no otorgar nuevos permisos para la siembra de maíz transgénico a raíz de demandas interpuestas por estas asociaciones.

Es en este contexto las críticas a los transgénicos, aunque se presenten a menudo como una confrontación directa con la auctoritas tecnocientífica, puede verse también como una crítica más general al reparto de los riesgos, los costes y los beneficios en procesos socioeconómicos en los que las distintas partes pueden enarbolar valores que pretenden ser superiores, si bien, en último término, unas partes son susceptibles de sufrir desproporcionadamente más la violencia del proceso que otras.

¿Es posible pues un diálogo con los saberes autóctonos en el marco de los proyectos de desarrollo para la región? Frente al obstáculo de lo que se presenta como una confrontación irreconciliable de valores o de auctoritas, creemos que no sólo es posible sino necesario este diálogo de saberes a fin de afrontar con mayores garantías los conflictos socioambientales actuales y potenciales en Latinoamérica. Una parte importante del origen de dichos conflictos proviene, así de claro, de que no se tiene suficientemente en cuenta la capacidad de decisión de las poblaciones afectadas, descontándose a menudo su aportación en términos epistémicos o de autoridad en la materia. En décadas recientes, tras operar durante largo tiempo en los márgenes del Estado, muchas de estas poblaciones han estado articulándose en agrupaciones civiles para intervenir en las decisiones de gobernanza ambiental a través de los instrumentos estatales. Y es probable que esto continúe ocurriendo y que se incremente cada vez más, reivindicándose con fuerza los saberes autóctonos como forma de empoderamiento, pese a la rápida degradación medioambiental o, acaso, precisamente por su acicate.

FOTOGALERÍA | La naturaleza y los parques necesitan a los indígenas

Este domingo se celebra el Día de los Pueblos Indígenas. Un informe de Survival International denuncia que cuando se declara una zona protegida se les echa de su hábitat para preservar la flora y la fauna

“Estas expulsiones destruyen a los pueblos indígenas y el medioambiente al que han dado forma y del que han cuidado durante generaciones”, alerta el estudio

Los indígenas que cuidan de la naturaleza

Cuando los gobiernos declaran una zona como parque nacional, zona de conservación o reserva natural, se preserva el interés de la flora y la fauna, por encima de los intereses de las personas que habitan allí, según denuncia en un informe Survival International. Actualmente existen 120.000 zonas protegidas en todo el mundo, que cubren aproximadamente el 13% de la superficie terrestre del planeta. Más del 70% de los parques en las zonas tropicales están habitados. En muchos casos, estos parques son el medio de vida del que dependen las comunidades que los rodean. Sin embargo, las personas son expulsadas de sus territorios una vez que estos han sido demarcados como parques. Porque se han convertido, en las palabras del anciano masái Kariongi, en “los enemigos de la conservación”. / © Survival International

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Las consecuencias de las expulsiones guiadas por proyectos mineros, de construcción de presas o de conservación pueden ser igualmente devastadoras: los indígenas que antaño eran autosuficientes y gozaban de seguridad se convierten en refugiados de un día para otro. Separados de la tierra y los medios de vida que los mantenían, normalmente se ven reducidos a la dependencia de los subsidios. / © Survival International

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Los incendios forestales, la caza furtiva y las especies invasoras a menudo aumentan tras las expulsiones de las comunidades indígenas. Un estudio en el Parque Nacional de Chitwan, en Nepal, incluso mostró que había una densidad de tigres menor en el “núcleo” del parque que está “libre de humanos”, cuenta Survival International. Al parecer esto se debe a que la forma en la que las comunidades estaban gestionando las zonas exteriores del parque creaba un hábitat más adecuado para los tigres. / © Survival International

Los indígenas que cuidan de la naturaleza

Los indígenas tienen un conocimiento íntimo de su tierra y a lo largo de generaciones han acumulado una sabiduría sin igual sobre la flora y fauna locales y las conexiones entre ellas, lo que los convierte en administradores efectivos y eficientes de sus tierras. Complejos sistemas para regular la caza y la cosecha ayudan a mantener el orden social de los pueblos indígenas, a la vez que protegen los recursos de los que la comunidad depende. / © Survival International

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El informe también denuncia que en junio de 2014 todas las familias adivasis baigas y gonds que vivían en el corazón de la Reserva de Tigres de Kanha fueron expulsadas, vulnerando las leyes de la India y los compromisos internacionales con los derechos humanos y de los pueblos indígenas. / © Harshit Charles/Survival

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Los pueblos indígenas y tribales son los mejores conservacionistas y guardianes del mundo natural. El nuevo informe de Survival revela cómo las mayores organizaciones conservacionistas del mundo están implicadas en su expulsión de “áreas protegidas”. / © Survival International

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Los guardas forestales atacaron a esta mujer con gas pimienta y destruyeron sus ollas. Forzados a salir de la selva, muchas comunidades denuncian un considerable empeoramiento de su salud. Cerca de las carreteras, donde se ven obligadas a vivir, están más expuestas a la malaria y otras enfermedades. Los bakas ya no pueden recolectar las plantas medicinales que necesitan para mantenerse sanos y se ven obligados a depender de alimentos con un bajo contenido nutricional. El alcoholismo se dispara. / © Survival International

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Hay un largo historial de persecución de los pueblos tribales de África central, a los que a veces se llama “pigmeos”, un nombre que desagrada a muchos de ellos. El término se refiere a varios pueblos distintos pero a veces relacionados estrechamente que viven alrededor la cuenca del Congo, como los bakas en Camerún, los balumas en Congo y los batwas en la región de los Grandes Lagos. / © Selcen Kucukustel/Atlas.

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Los bosquimanos del sur de África han sido expulsados de gran parte de sus territorios ancestrales en el Kalahari y también, en oleadas, de la Reserva de Caza del Kalahari Central (CKGR, según sus siglas en inglés) que fue establecida, en parte, para ellos. / © Philippe Clotuche/Survival

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“Cuando las familias bosquimanas fueron finalmente expulsadas de la Reserva de Caza del Kalahari Central en 2002, algunas recibieron ganado y dinero en efectivo. Pero los bosquimanos no pastorean ganado y les interesan poco las vacas; además no tienen mucha experiencia con ellas. Los shebeens (pequeños bares que venden alcohol) proliferaron en el campo de reasentamiento que los bosquimanos llaman el lugar de la muerte. Allí, gran parte de la escasa compensación económica se gastó en alcohol”. / © Survival International

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El parque indígena de Xingú (delimitado en rosa) es el hogar de varias tribus. Proporciona una barrera vital contra la deforestación (en rojo) de la Amazonia brasileña.

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